¿QUÉ SE BUSCARÍA CON LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA?

Medio: Diario El Nuevo Liberal
Fecha: 08 06 2016

En medio de los esfuerzos de las partes para poner punto final a la nueva movilización campesina e indígena, que ahora está centrada en el Cauca al ser el único departamento donde persisten los bloqueos, se ha puesto a circular una propuesta que busca servir de garantía para el cumplimiento de los acuerdos: la declaratoria de un estado de emergencia económica, social y ecológica.

“El Gobierno reconoce la emergencia en el año 1.999, en el marco de Decreto 982, de ese año, pero no la declara para cumplir el acuerdo. Entonces hay muchos acuerdos incumplidos. Se firma, pero no hay presupuesto para hacerlo. Entonces nosotros presentamos un instrumento, uno serio, que podría ser el que haga cumplir lo pactado. Pero estamos a la espera de la contrapropuesta del Gobierno”, explicó, por ejemplo, el consejero mayor del Cric, José Pete.

Pero ¿qué implica dicha declaratoria y por qué, posiblemente, la están solicitando las comunidades que se movilizan en el Cauca?

En primera instancia, lo que hay que tener claro es que la declaratoria de un Estado de emergencia económica, social y ecológica, está avalado por la Constitución Política colombiana en el capítulo 6, donde se habla de los Estados de Excepción. Ahí, en el artículo 215, explica que la medida es para conjurar algunas crisis e impedir la extensión de los efectos de la misma.

Con un Estado de emergencia como este, el gobierno podrá formular decretos con fuerza de ley, para atender la crisis por la cual fue solicitada dicha declaración, según explica la Constitución Política. Pero, de aplicarse en este contexto, tendría el reto de pasar por el aval tanto del Congreso de la República, como también de la Corte Constitucional, porque un estado de excepción es para atender un hecho en particular.

Lo que buscarían las comunidades, especialmente las indígenas, sería entonces lograr que el gobierno quede con todas las herramientas que permitan tomar medidas, tanto jurídicas y económicas, guiadas al cumplimiento de los acuerdos y así evitar “las excusas que llevan a los incumplimientos”. Pero uno de los problemas es que un estado de excepción como este, solo tiene máximo tres meses de aplicación, poco tiempo para ponerse al día con los acuerdos.

Pero desde ya, el Estado, ha dicho no estar de acuerdo con la figura al considerarla engorrosa e innecesaria, toda vez que “no es verdad que el gobierno no esté cumpliendo. Se ha hecho más de lo que habían hecho los últimos gobiernos. Hace falta, sí, pero hemos avanzando”, ha repetido en varias ocasiones Aurelio Iragorri Valencia, Ministro de Agricultura.

Por lo que el compromiso es hacer una contrapropuesta que se debatirá apenas se logre activar la mesa de negociación entre Estado, indígenas y campesinos.

“No sabemos qué instrumento presentará como alternativa el Gobierno, pero nosotros ya decidimos ese. Ahora falta sentarnos para hablar de las propuesta”, agregó el líder indígena.

Pero lo que sí es seguro es que las comunidades movilizadas en el Cauca ahora no solo están buscando acuerdos, sino que están exigiendo mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de los mismos.

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