BITACORA DE PRENSA ENERO-MARZO 2015 (Fuente: Medios de Comunicación)

BITÁCORA DE PRENSA ENERO A MARZO DE 2015

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Quedó confirmado a través de Resolución No. 8283 del 30 de diciembre del Ministerio de Transporte, el cierre total en la vía Popayán – Santander de Quilichao a la altura del Kilómetro 64. Todo con el fin de tomar medidas preventivas para lo que serán las obras que se realizarán en la reparación del puente de Mandivá.

Los días de cierre serán 6, 7, 21 y 31 de enero desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. En esos horarios no habrá paso por ese sector, mientras que los ingenieros realizan su trabajo sobre el puente de Mandivá.

Esto se da como consecuencia de la solicitud que realizó la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, encargada de este tramo, ante la Agencia Nacional de Infraestructura en el pasado mes de diciembre, para dar una solución definitiva a los daños que se han generado en dicho puente, como consecuencia de los atentados con explosivos de la guerrillas de las Farc.

Ante esta situación, el comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Cauca, Mayor Richard Sanabria comentó que se iniciará un plan de manejo de tránsito para atender esta situación.

“Estaremos con cuatro puntos de regulación y control de tráfico. Uno de ellos estará ubicado en el Peaje de Tunía, para los vehículos que se desplacen entre Popayán-Cali. Otro en el sitio de impacto como tal, es decir en el kilómetro 64 y otros dos en el norte del Cauca ubicados en la variante de Santander de Quilichao y en el peaje de Villa Rica”, comentó Sanabria.

Si bien las autoridades aún no hablan de planes o vías alternas para los desplazamientos entre las capitales, existen otros caminos que los conductores podrían tomar pero asumiendo la responsabilidad si se presentan problemas de orden público, debido a que incluyen vías en mal estado y zonas con presencia de grupos al margen de la ley.

“Cuando se habla del cierre total es que no hay paso en ese horario para ninguno de los viajeros de las dos ciudades. Eso es lo que tenemos que cumplir”, concluyó el mayor de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Cauca.

Según pudo conocer este medio de comunicación las máquinas que debían realizar el trabajo no llegaron entre otras porque, al parecer, así no estaba presupuestado en el cronograma que maneja la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

Así las cosas, los operativos de control de tráfico de la Policía se harán en los puntos establecidos: en el peaje de Tunía, en la zona del puente de Mandivá y otras dos partes del norte del Cauca.

Durante seis horas permanecerá cerrada la carretera Panamericana a la altura del kilómetro 64 en el sitio conocido como el puente sobre el rio Mandivá, que fue afectado por el ataque terrorista de las Farc en octubre de 2014. El cierre se cumplirá entre las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde según comunicado del Instituto Nacional de Vías y el concesionario de la doble calzada entre Cali y Popayán.

La vía tendrá dos cierres adicionales, para concluir las labores, el 21 y 31 de enero, ambos de seis horas.

Los trabajos de este miércoles provocarán una parálisis por varias horas en el despacho de vehículos desde la terminal de pasajeros de Cali hacia el sur del país, la que será superada después de las 12 del día, cuando se vuelvan a despachar vehículos hacia Popayán, Pasto e intermedias.

Gabriel Vallejo López, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estuvo ayer en la ciudad de Neiva dialogando con los líderes políticos y encargados de la cartera ambiental a nivel local acerca de las implicaciones que tendría el fenómeno de El Niño en el Huila, Vallejo destacó que para mitigar las afectaciones de esta variabilidad climática. De manera extraoficial el ministro mencionó que el llenado del embalse El Quimbo se hará durante la primera semana de junio.

“El actual fenómeno de El Niño está entre un 85 y 90% del inicio de la primera etapa de las tres que tiene, se espera que para la última semana de enero o primera de febrero va a ser el principio de este suceso de variabilidad climática y posiblemente la época más aguda sea la última semana de febrero y la primera de marzo”, comentó el ministro de Ambiente.

De acuerdo con Vallejo, se está haciendo un trabajo específico con el fenómeno con base a las consecuencias que dejó la variabilidad climática el año anterior y este tipo de visitas de análisis en regiones con alto riesgo como el Huila sirven para realizar unas acciones concretas.

Vallejo expresó durante su intervención que dentro de los retos que tiene su cartera se destacan el calentamiento global, el fenómeno de El Niño y el trabajo conjunto con las corporaciones autónomas, lo cual lo ha llevado a recorrer gran parte del país dialogando con los ambientalistas colombianos.

Fenómeno de El Niño en etapa seca del año

Gabriel Vallejo destacó que el fenómeno coincidió con los primeros tres meses del año, meses que históricamente son durante los cuales se presente mayor sequía en Colombia, con lo cual la situación es más compleja, el ministro apuntó además que “los niveles de los caudales de los ríos, incluido el Magdalena están por debajo de lo que históricamente han estado”.

Ante la situación, el ministro destacó que la principal medida a tomar es la del uso racional del agua en todos los sectores de la sociedad, labor que se empieza con la conceptualización y concientización de la comunidad ante el fenómeno del niño, pues gran parte de “la gente no ha podido aterrizar lo que significa el fenómeno y lo que se debe entender es lo que cada uno de nosotros debe hacer por mitigar las afectaciones”.

Medidas en consumo, revisión de fugas y en el uso racional del agua, “si cada uno logra interiorizar este tipo de medidas, la situación va a ser diferente. Esto es un tema de conciencia individual, porque si bien el gobierno tiene un plan de mitigación, pero nada de esto sirve si no tomamos conciencia de la situación”, recalcó el alto funcionario quien aseguró que si bien el fenómeno no se puede impedir, sus impactos pueden ser mitigados.

Afectaciones en el Huila

Hasta la fecha y en el desarrollo de la primera etapa del fenómeno de El Niño, en el departamento se han presentado seis incendios forestales en los primero días de 2015, afectando los municipios de La Plata, Suaza, Isnos, Pitalito, Rivera y Timaná y ante la posibilidad de que suban el número de casos en la medida que suba la temperatura, el Ministro pidió que la comunidad estuviera en “alerta, y durante los contactos con la naturaleza no dejar encendidas fogatas”, dijo Vallejo.

Según el ministro, las conflagraciones provocan cuatro problemas “en primera instancia hay una deforestación, luego viene uno de contaminación, en tercer lugar la fuerza pública y bomberos que se utilizan, pueden estar pendientes de otra situación y por último la utilización del agua en un tema como apagar los incendios, recursos que se deberían estar utilizando en otras cosas”.

Con esto, el ministro realizó un llamado especial a las comunidades y autoridades para que en un trabajo conjunto e individual, se hable con todas las personas para “que todos aportemos frente al fenómeno del niño”, dijo el ministro.

En cuanto a los cuerpos de bomberos de los municipios, dentro de la misma reunión, el gobernador encargado del Departamento, Carlos Daniel Mazabel, destacó que se adelanta una gestión para reequiparlos, con implementos que puedan trabajar en torno a los incendios forestales.

Por otro lado, otra de las afectaciones que a pesar de que apenas se inicia el fenómeno del niño en el Huila es el desabastecimiento de agua en el municipio de Tesalia, por un racionamiento que se realiza en el sector.

El Quimbo sería llenado en Junio

Durante la vista a la ciudad de Neiva, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, se refirió al megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo. De acuerdo con el titular de la cartera de Ambiente, la multinacional encargada de esta obra le dio a conocer que el llenado del embalse será durante la primera semana de Junio, aunque según él esto no es oficial. Este periodo se destaca por las lluvias y ayudaría a que no exista una problemática ambiental.

Vallejo destacó que aunque esta operación estaba planeada para diciembre de 2014, posiblemente las condiciones de verano y sequía no habrían permitido que el llenado del embalse se desarrollara.

Uno de los principales efectos que quiere evitar la autoridad ambiental del Cauca son los incendios forestales. Por eso pide colaboración ciudadana. Foto: suministrada.

Según el informe técnico diario número 6, del 6 de enero de 2015, dado conocer por el Instituto Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, la ocurrencia del fenómeno del niño para el primer semestre del 2015 en Colombia es de grado alto.

Por eso la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, elaboró la Resolución número 00006574 del 8 de enero de 2015 con la cual declara la alerta temprana roja, para hacer un llamado a las administraciones locales en la puesta en marcha de los planes de prevención y a su vez, prioriza la protección de los recursos naturales ante la posible escasez del agua y la generación de incendios forestales.

“Ya estamos ad portas de que sucede según la información de las entidades nacionales. Por eso ya ordenamos un acto administrativo para reportar y ampliar el esfuerzo de las medidas sobre todo en el campo de educación ciudadana y los programas de prevención”, expresó Albeiro Villaquirán, director de la CRC.

En el recurso hídrico la Resolución pide que se priorice para el consumo humano y a su vez que no se malgaste. Por lo tanto, prohíbe el uso de aguas superficiales para llenados de piscinas, lavado de autos, por ejemplo. Como se explica en el artículo tercero del acto administrativo. “Estamos priorizando el consumo humano y también que no se presenten posibles acciones que afecten su calidad”, comentó el director de la CRC.

A su vez, dio a conocer que las cuencas que más se pueden afectar por el hecho natural son las del río Cauca y Patía. “Esas son las indicaciones y los indicios que tenemos al menos para este primer semestre del año”, explicó Villaquirán.

Sin embargo, el fenómeno del niño es identificado por sus altas temperaturas y sus heladas en lugares de páramos. Por eso la entidad ambiental advierte que se podrían presentar incendios forestales y prohíbe las quemas que no estén autorizadas por la autoridad ambiental.

Advierte la Resolución, que se estará socializando en los próximos días a nivel departamental, que los que no cumplan con estos trabajos de prevención pueden verse sancionados según lo establecido en la Ley 1333 del 2009.

Los municipios que más se pueden ver afectados por la escasez de agua son Patía, Mercaderes y Bolívar, por eso se exige poner en marcha los planes de contingencia. Lo mismo para municipios como San Sebastián, Almaguer, Silvia, Totoró e Inzá, donde las heladas pueden presentarse con fuerza.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), recomendaron a los piscicultores de la represa de Betania, en el departamento del Huila, no bajar la guardia en la prevención y aplicar las recomendaciones para minimizar los riesgos de pérdidas en la producción por causa del descenso en el nivel de los ríos.

Según el director de la Aunap, Julián Botero, este sector productivo del Huila, especialmente quienes tienen como área de trabajo el embalse, no deben bajar la guardia y deben estar apegados a los planes de prevención que se adelantan. La alerta, se realizó teniendo en cuenta la información emitida por el Ideam, que advierte que debido a la intensidad de la primera temporada seca del año se mantiene una tendencia marcada en el descenso en los caudales en la mayoría de los ríos y cuerpos de agua.

“Se registran niveles medios a bajos, siendo notoria la disminución de los niveles en el río Magdalena, especialmente en la zona media. A esto se suma el volcán Nevado del Huila que continúa mostrando actividad, por lo que los organismos encargados de su vigilancia lo reportan en nivel de alerta amarilla (III)”, comentó Botero.

Medidas de atención y prevención

Los planes de contingencias y las medias de atención y prevención, serán vitales para que los piscicultores no sufran drásticamente el fenómeno de El Niño, “es importante mantener activos los planes y las medidas de atención y prevención necesarias para mitigar los efectos e impactos y minimizar los riesgos de pérdidas en la producción”, manifestó el director de la Aunap.

El funcionario recordó a los productores de pescado que los indicadores de alerta a los que se les debe prestar especial atención son:

•    Fluctuaciones de temperatura (variación amplia entre el día y la noche), lo que además favorece la proliferación de algas.

•    Bajo caudal de agua en ríos y embalse, afectando la captación de agua en las bocatomas y los recambios de agua en jaulas y estanques y en consecuencia disminución de la oferta de oxígeno disuelto en el agua.

•    Alteración en la calidad de agua por cambio en valores de nitritos, nitratos y amoníaco, entre otros.

Botero destacó que es de suma importancia que los piscicultores de todo el país estén atentos a la evolución del tiempo, no bajar la guardia y atender los comunicados que continuamente está emitiendo el Ideam y la Red Agroclimática del Minagricultura.

Recomendaciones para el sector piscícola del Huila

•    En el evento de presentarse signos de déficit de oxígeno se recomienda disminuir la densidad de la población de peces de cultivo por unidad de área productiva; realizar cosechas parciales y, de ser necesario, anticipar las cosechas a fin de disminuir la biomasa. Hacer redistribución de peces en las unidades de confinamiento disponibles para reducir la densidad, entre otras opciones.

•    Restringir la alimentación, ajustando la frecuencia y cantidad acorde a observaciones del comportamiento en el consumo.

•    Las siguientes son algunas indicaciones sugeridas de acuerdo con los niveles de oxígeno disuelto presentes al inicio del día:

Oxigeno 1-2 ppm: alimentar solo en la tarde si las condiciones mejoran.

Oxígeno 3-4 ppm: alimentar el 50% de la ración distribuida durante todo el día.

Oxígeno > 4 ppm: alimentar el 100% de la ración de acuerdo al comportamiento de los animales

En bajos niveles de agua alimentar siempre después de las 9:00 a. m. y hasta las 4:00 p. m. como máximo.

•    Poner en marcha equipos disponibles que puedan ser de ayuda en situaciones críticas, como sistemas de aireación suplementaria.

•   Estar pendientes de la coordinación que se haga con Emgesa SA sobre el manejo de los niveles y las cotas mínimas esperadas en el embalse.

•   Participar en la implementación de una red de información que se activará con este propósito, mediante la cual se haga seguimiento permanente a la calidad del agua, lo que permitirá tomar medidas oportunas ante cambios negativos.

• Controlar periódicamente los principales parámetros del agua (temperatura, pH y oxígeno disuelto) con equipos debidamente calibrados y reportar estos valores a la red de información.

•    En el evento de episodios de mortalidad, hacer la pronta remoción de los animales muertos y disponer de ellos adecuadamente.

•   Es importante que cada piscicultor tenga claro cuáles son los sitios en el embalse con mayor riesgo de perder profundidad e incluso de quedarse secos, esto con el fin de identificar sitios potenciales para traslado de la infraestructura sin perjuicio de los productores aledaños. Estos traslados deben ser concertados y autorizados por la CAM para evitar inconvenientes de tipo legal. Es necesario hacer el trámite o solicitud de traslado temporal para épocas de aguas bajas.

•    Controlar las siembras durante este período y tener en cuenta al iniciar nuevas siembras los volúmenes autorizados para cada empresa.

Los usuarios de la vía Panamericana se preguntan si existen condiciones de seguridad para transitar sobre este importante corredor vial luego de conocerse el hurto de un vehículo, afiliado a la empresa Sotracauca.

Este hecho delictivo, el segundo registrado sobre esta carretera en medos de dos días, se registró cuando el conductor fue obligado a detener la marcha cuando se movilizaba entre las localidades de Piendamó y Popayán.

“La versión que se tiene es que cuando transitaba a la altura de Cajibío fue interceptado por hombres armados, quienes obligaron a detener la marcha del automotor, y luego de intimidarlo, tomaron el control del mismo para después huir hacia la zona rural de este municipio. No sin antes dejar abandonado al conductor a un costado de la carretera”, indicó un integrante de la Policía, quien agregó que tras denunciado el hecho, se desplegó un operativo para tratar de ubicar el vehículo.

Posteriormente, las directivas de Sotracauca denunciaron este hecho ante las autoridades competentes.

Hay que recordar que este es el segundo hecho delictivo registrado sobre el mismo tramo. El primero de ellos fue el ataque a un vehículo de valores por parte de hombres armados que, luego de ubicados en la parte de la montaña, dispararon con fusiles contra el carro, resultado heridos tres integrantes de la empresa de seguridad.

La ONU con sede en Colombia dio a conocer el informe ‘La construcción de una paz estable, duradera y sostenible’, en el que condensa un análisis realizado por esta entidad con miras al posibles posconflicto.

En el documento destaca lo que han llamado los 125 municipios del posconflicto, en los cuales el departamento del Cauca tiene 20, siendo el territorio con más municipios incluidos en este informe.

Esto según la ONU, son los lugares donde se concentrará el posconflicto en Colombia. “Este es un análisis de municipios de mayor prioridad según la presencia de las Farc, desarrollo y pobreza, las acciones armadas con participación de las Farc, necesidades humanitarias y capacidades locales. De esto salieron los 125 municipios”, explicó Fabrizio Hochschild, coordinador del Sistema de la ONU en Colombia. Totoró, Caldono, Suárez, Cajibío, Popayán, Guapi, Timbiquí, son algunos de los 20 municipios incluidos en este informe de Naciones Unidas.

A su vez, el documento de la ONU hace un llamado a las autoridades tanto locales como nacionales para promocionen un desarrollo sostenible, debido a que según el análisis del informe resulta que Colombia puede correr el riesgo de incentivar la depredación del medio ambiente que, paradójicamente, ha sido ‘protegido’ por el conflicto.

Según el Gobierno Nacional, esta es una vía importante debido a que puede servir como alterna a la vía La Línea para que sea un eje principal entre las principales ciudades del centro y sur de Colombia.

Hasta el momento hay un avance del 32%, que era la meta para esta fecha y se espera que para finalizar el 2016 se haga la entrega total de esta importante obra, que es lo que estipula el Instituto Nacional de Vías, Invías. Hasta el momento solo se ha hecho la entrega del 68% de los recursos totales de la obra.

Cabe recordar que a cargo de este trabajo están el Consorcio PCP, integrado por las firmas CI Grodco en CA Ingenieros Civiles y por la Constructora OAS Ltda., Sucursal Colombia.

De todos modos, se espera que no se presenten inconvenientes de orden pública, para que los trabajos avancen sin complicaciones.

Por eso en el día de ayer los padres de familia, profesores y los más de 600 estudiantes, realizaron una marcha para exigir al Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio de Defensa, a cargo de Juan Carlos Pinzón, que cumpla con la promesa de construir el nuevo puesto policial que fue destruido en diciembre del 2013 por un atentado de las Farc.

“Estamos haciendo una manifestación pacífica ante la negligencia e indiferencia del Gobierno Nacional en la construcción de ese puesto. El Ministro de Defensa dijo ante toda la población que en cuatro meses se construiría pero esta es la fecha y nada”, comentó Luis Gentil Ángel Cuellar, rector de la institución educativa.

Pero las denuncias más graves se realizan alrededor de la presunta utilización de un sendero ecológico del colegio, como refugio de los uniformados “esto ha generado que nuestro espacio se haya reducido, lo que impide que los estudiantes puedan realizar con libertad sus actividades de recreación. Estamos muy limitados en espacio y seguridad”, explicó el rector.

El Nuevo Liberal intentó dialogar con el alcalde de Inzá, William Mauricio Castillo, para saber cómo avanza la entrega de los dineros nacionales y la gestión para solucionar este problema, pero no fue posible.

Sin embargo, algunas fuentes del municipio le comentaron de manera extraoficial, que el lugar ya está estipulado, pero que el Ministerio de Defensa no ha entregado los dineros a la Administración Municipal.

“Estuvimos hablando con el Secretario de Educación y con el Secretario de Gobierno, nosotros necesitamos que esta situación se soluciones, porque es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario, DIH”, complementó Luis Gentil Ángel Cuellar.

Los manifestantes aseguraron que las acciones son símbolos de solidaridad con las familias de las víctimas de la masacre de El Nilo, que aún no han sido reparadas en su totalidad y con los reclamantes de tierras del municipio de Corinto.

Las comunidades bloquearon el corredor internacional en horas de la mañana, desde las 6 hasta las 10, cuando determinaron retirar los palos y piedras atravesadas en la vía.

Luego, hacia la 1 de la tarde volvieron a la carretera, donde protagonizaron disturbios con la llegada del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía. Conductores denunciaron que los protestantes atacaron varios automotores con piedras.

Cabe resaltar que representantes de las víctimas de la masacre de El Nilo afirmaron que ninguna de las personas presentes en el lugar del bloqueo hace parte de los verdaderos afectados y rechazaron el bloqueo de la vía Panamericana.

El paso por la carretera fue normalizado, y la Policía sigue en el lugar con el fin de evitar un nuevo taponamiento.

Los dos nativos fueron reportados como desaparecidos desde el pasado viernes. Sus cuerpos con varios disparos, fueron encontrados por la misma comunidad habitante de Caloto.

De acuerdo con Feliciano Valencia líder de la asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca, la muerte de los dos comuneros coincide con la circulación de un panfleto supuestamente de autoría de la banda criminal las Águilas Negras en donde amenazaron a varios nativos por hacer parte de procesos relacionados con lo que denominan es la recuperación de tierras.

Así se conoció tras los desórdenes que se presentaron el jueves anterior en zona rural del municipio de Santander de Quilichao y que afectaron el tránsito vehicular durante al menos 3 horas entre la capital caucana y el norte del Departamento.

Mientras la fuerza pública destacó que se han insistido con las vías del diálogo para evitar vías de hecho, las comunidades han señalado que las dilaciones del Estado han hecho perder la confianza en las conversaciones ante el incumplimiento de compromisos que, en este caso corresponden a acuerdos hechos desde 1991.

Los nativos declararon que han recibido llamadas amenazantes por hombres que identificándose como miembros de las Farc les exigen dinero y medicamentos a cambio de no atentar contra su vida.

Son cuatro los miembros del cabildo los que han recibido las llamadas y uno de ellos ha tenido que salir desplazado ante el temor causado por las llamadas intimidantes.

Aunque las autoridades tradicionales han organizado a la guardia indígena para proteger a los líderes nativos, también les pidieron a las autoridades como la Policía para que establezcan medidas de seguridad para evitar la pérdida de vidas según se indicó.

La Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo del Huila le dió la razón a los piscicultores huilenses en dos oportunidades. A finales del año pasado, luego que se interpusiera una acción popular por parte de empresarios piscícolas que ven en el llenado de la represa El Quimbo una amenaza para sus proyectos, la instancia judicial aceptó la demanda contra Emgesa y el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, en esa oportunidad el magistrado Ramiro Aponte Pino negó la medida cautelar solicitada por los acuicultores que solicitaban la suspensión del llenado del embalse, “hasta que no se garanticen la vida de la carga pesquera sembrada en jaulones de las piscícolas del embalse de Betania”.

En el documento, fechado el 25 de noviembre de 2014, se indica que se admite la demanda de las compañías, 16 personas jurídicas y una natural, “en procura de que se amparen los derechos colectivos al medio ambiente sano, a la salubridad pública, seguridad alimentaria y a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles”.

Viraje a la decisión

El sentir de los empresarios es que hay una amenaza por la reducción de los caudales hídricos que se presentarán durante las etapas de llenado y operación de la hidroeléctrica El Quimbo y por la alteración de las calidades de agua del río Magdalena. Estiman que esta situación genera disminución en las concentraciones de oxígeno necesarias para la vida acuática, pudiendo ocasionar mortalidad masiva en los proyectos piscícolas del embalse de Betania (también de propiedad de Emgesa).

En su decisión inicial, Aponte Pino admitió la demanda instaurada por Sea Fish SAS, Piscícola El Caracolí SAS, Piscícola Ríos SAS, Tilapias del Huila SAS, Proceal SA, Comepez SA, Piscícola La Española Ltda., Piscícola La Sirena SAS, Ancla y Viento SA, Piscícola Marpez Ltda., Surcosagro Ltda., Piscícola New York SA, Piscícola Botero SA, Piscícola H&W Fishery Ltda., Piscícola Fish Factory Ltda., el Grupo Asociativo Empresarial de Colombia (Grupezcol) y Luis Carlos Preciado Sarmiento. Sin embargo, negó la medida cautelar solicitada.

Pero ayer, esa misma sala dio un viraje a su decisión: decretó la medida cautelar de urgencia. En consecuencia, se ordena a la Empresa Generadora y Comercializadora de Energía (Emgesa SA ESP) “que no inicie la actividad de llenado del embalse El Quimbo hasta que se satisfaga el caudal óptimo (mínimo de 160 m3/s y 300-400 m3/s, en época de aguas altas), para lo cual efectuará la medición de dicho caudal semanalmente”.

Realizar monitoreos

El auto interlocutorio expresa que se debe garantizar a través de monitoreos permanentes la calidad del agua (lo cual debe ser informado a los piscicultores de Betania), y para dicho efecto se tomarán como referentes las épocas climáticas de la zona, la descomposición de la materia orgánica, su probable eutrofización, la presencia de macrófitas, los posibles efectos de fenómenos naturales como El Niño o La Niña, “amén de que con base en los registros históricos de los caudales de los ríos Magdalena y Páez, determinará cuál es la mejor época para realizar la operación de llenado (garantizando el volumen y la calidad del agua requerida)”.

La instancia judicial dejó a cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) “la vigilancia en el cumplimiento de las mediciones, satisfacción del caudal óptimo y de calidad del agua”.

Al final del documento se indica que se comunicará la existencia del “presente trámite” a las personerías municipales de Campoalegre, Hobo y Yaguará, “en su condición de autoridades administrativas encargadas de proteger los derechos o intereses colectivos presuntamente afectados”.

Medida cautelar

El auto interlocutorio está firmado por los magistrados Ramiro Aponte Pino, Jorge Alirio Cortés Soto y Enrique Dussán Cabrera, integrantes de la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo del Huila.

El abogado Julián David Trujillo Medina, en diálogo con DIARIO DEL HUILA, sostuvo que esta “es una decisión que valoramos y agradecemos al alto tribunal puesto que evidentemente aun cuando no ha tomado ninguna decisión de fondo, porque simplemente es una medida cautelar, sí nos da un parte de alegría y garantía a los piscicultores que me otorgaron poder, así como a Fedeacua que fueron quienes iniciaron esta acción”.

Sobre los recursos que se pueden interponer para frenar la medida cautelar, explicó que en caso de que Emgesa llegue a apelar esta decisión, “la medida cautelar toma plena vigencia a partir de este jueves que es cuando queda ejecutoriado el auto, o sea que a partir del jueves el embalse El Quimbo hasta tanto no le garantice a los piscicultores y a toda la cadena productiva que depende de este sector tan importante para el Huila y Colombia (como son las personas de los municipios de Yaguará, Hobo y Campoalegre, unas 10.000), ellos no pueden iniciar la etapa de llenado”.

El cierre comienza desde las nueve de la mañana de este martes hasta la misma hora del miércoles 11 de febrero, con el fin de reparar el puente sobre el río Mandivá, exactamente en el kilómetro 64 más 275 en el sector de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao al norte del Cauca.

Por su parte, efectivos de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Cauca, bajo el mando del mayor Richard Sanabria, estarán coordinando el cierre temporal e informando, a quienes por alguna razón transiten sobre la vía, respecto a los sitios hasta los cuales se podrá circular.

El concesionario de la vía; Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, aseguró que es el tercer y último cierre de tres que han sido autorizados para reparar esa infraestructura vial.

El presidente del Comité de Ganaderos del Cauca, Luis Jaime Paz, dijo que los indígenas le cogieron el pulso al Gobierno, por lo cual su única alternativa para que les cumplan lo acordado es bloqueando las vías, sin tener en cuenta los daños generados a la región en materia económica.

Feliciano Valencia, líder de la Acin, dijo que los decretos firmados con el Gobierno todavía son acuerdos de papel, por lo cual las comunidades iniciarían jornadas para recuperar sus terrenos.

Es de recordar que la semana pasada un grupo de indígenas bloqueó la vía Panamericana, argumentando solidaridad con reclamantes de tierras de Corinto y exigiendo reparación colectiva para las víctimas de la masacre de El Nilo.

No obstante, la representante de dichos afectados, Diana Perafán, aseguró que esas personas no hacen parte del grupo real de víctimas, y rechazó que a su nombre se tomen vías de hecho.

Mientras tanto se mantiene la zozobra en la región, por las medidas que puedan tomar las comunidades indígenas para exigir el cumplimiento de sus peticiones, teniendo en cuenta que en casos pasados se han presentado graves bloqueos que han afectado de forma significativa la actividad económica.

Según el rector de la Alma Mater, Juan Diego Castrillón, “pensar en este proyecto es también aportar al proceso de paz, puesto que llevar opciones de educación a una de las poblaciones más golpeadas por la violencia, es ofrecer otros puntos de vista”.

Lo que busca este trabajo en conjunto es lograr el apoyo del Ministerio de Educación para la apertura de programas de formación superior que sean pertinentes en la región. “En este momento estamos necesitando la presencia de esta institución en nuestro municipios para que apoye a nuestros jóvenes y así ellos puedan tomar un camino que no sea el de las armas”, explicó Janeth Torres, secretaria de planeación de Inzá.

Ahora lo que queda es presentar la propuesta ante el Ministerio para llevar carreras pertinentes para dicha región. “Buscamos convenios, alianzas y recursos, y la Universidad del Cauca nos ha abierto las puertas para esto que es importante”, concluyó Aldúvar Cárdenas, concejal del municipio.

En tres ocasiones la vía Panamericana, en el tramo Popayán-Santander de Quilichao, ha sido cerrada en su totalidad para lograr restaurar la infraestructura afectada en un atentado terrorista atribuido a la guerrilla de las Farc en el año 2013.

Los funcionarios trabajaron en las últimas horas para cumplir los requerimientos del Instituto Nacional de Vías, sin embargo no se pudo finalizar las obras.

En ese sentido, se estaría estudiando un cuarto cierre de la carretera internacional, lo que preocupa a diferentes sectores de la región, pues las medidas han causado graves perjuicios a las actividades económicas.

En medio de retroexcavadoras, rezando por no terminar sepultados bajo un derrumbe y soportando altas temperaturas, los barequeros sueñan cada día tener en sus manos la suficiente cantidad del metal, para nunca más volver a estos lugares.

No es el primer rayo del sol el que marca el inicio de un día para un barequero en el norte del Cauca. Es la primera palada de una retroexcavadora o la primera explosión para arrastrar material, lo que determina que está a punto de iniciar su labor. Arles Córdoba, dice que se dedica a rasgar la tierra en medio de los socavones buscando oro con sus manos,

“Se saca la piedra luego de que la retro rompe la peña y de ahí se lava en la batea y sale el metal”, dice Arles.

Para llegar hasta unos de los corazones de la minería ilegal en el norte del Cauca hay recorrer cuatro horas en bus, motocicleta y a pie. Es una zona rural del municipio de Caloto. Allí en ese lugar diariamente se concentran, campesinos, jornaleros y amas de casa, con el mismo sueño, encontrar oro y salir de la pobreza, pero a veces pasan años y todo se queda en sueños.

“Llevar sol todo el día, como usted nos ve aquí … muchas personas creen que uno saca mucho dinero y eso no es así”, señalan algunas mujeres.

Esta mañana, Arles dice que se levantó con el pie derecho y encontró una pequeña muestra de oro que puede pesar un gramo, es decir 50 mil pesos.

“Pues si contento, buscando es que uno logra sacar, a veces uno saca hasta cinco gramos y pues uno sabe de los riesgos pero uno tiene que arriesgar, para obtener algo”, agrega.

Han pasado casi cuatro horas y en medio de las retroexcavadoras y rezando porque la pared no ceda y termine por tapar a quienes buscan oro. Ofelia Gutiérrez, también espera sacar lo del día para llevar algo de comer a sus hijos.

Pero la suerte no es para todos y las primeras muestras de un día sin recompensa ya están en las manos “a veces uno saca un gramito, dos gramitos y las manos se lastiman, por la piedra que es dura, eso duele, pero a eso nos exponemos barequeando las madres cabeza de familia”, afirma la mujer.

Casi nadie conoce a Celestino Guamanga, pero en municipios como Caloto, casi todos quieren tener su suerte. Algunos dicen que es un mito, pero otros aseguran que en un día logró sacar una libra de oro en esta tierra, y nunca más volvió. Es lo que esperan los barequeros. “Eso es lo que uno espera, sacar lo suficiente para poder dejar de hacer este trabajo y arriesgar la vida”, puntualiza Arles.

Mientras que los barequeros pueden sacar hasta 5 gramos es decir 250 mil pesos que cambian en Santander de Quilichao, los dueños de las retroexcavadoras, obtienen hasta libra y media, es decir alrededor de 37 millones de pesos cada día vendidos en joyerías de Cali. Es una actividad ilegal de la que viven miles de familias pobres.

En la cabecera municipal del municipio de Inzá, Cauca, avanza el trabajo de la puesta en marcha del sistema de gas domiciliario. Hasta el momento se han inscrito 500 familias que están a la espera de este nuevo servicio.

La obra tiene un costo de $2.500 millones que fueron dineros que se lograron en el Ministerio de Minas y Energía, además incluye no solo la cabecera municipal de Inzá, sino también las veredas de San Francisco y La cabaña, además del municipio de Páez, lo que amplía el número de beneficiados.

Por el momento, uno de los trabajos que avanza en la apertura de las calles para instalar la tubería que transportará el gas domiciliario.

Según la información de la entidad contratista, la firma Surga S.A. de la ciudad de Neiva, se espera que las obras ya se tengan listas para el mes de abril ya que se está en el trabajo de apertura de calles y colocación de las rejillas.

Este trabajo fue calificado por el alcalde de Inzá, William Castillo, como uno de los más importantes para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio; además de un avance en la atención domiciliaria.

Se trata de una actividad de control territorial para decirle “no” a la minería ilegal, pues de acuerdo a líderes indígenas causa graves destrucciones al ecosistema, que durante muchos siglos han protegido.

El recorrido se realizará durante tres días desde el puente sobre el río Ovejas hasta la desembocadura del río Cauca. Al respecto, Alberto Guetio, uno de los dirigentes, dijo que “la minería destruye la flora y la fauna, por eso decidimos hacer este control y lo que encontremos en el camino se va a decomisar”.

Las comunidades se concentrarán en la vereda El Caimito, corregimiento de Siberia, en el municipio de Caldono. A los 200 indígenas que empezaron la jornada, se unirán afrodescendientes de los municipios de Buenos Aires y Suárez.

Por otra parte, las autoridades tradicionales advirtieron que la maquinaria que encuentren durante el recorrido será decomisada.

El propósito, según Julián Ulicué, es evitar que la minería ilegal siga causando efectos en el medio ambiente.

«El objetivo de nosotros es hacer control territorial decirle no a las multinacionales y a la minería ilegal, que está causando un grave impacto y destrucción de nuestros ecosistemas que hemos cuidado por muchos años, por muchos siglos», indicó el nativo.

El recorrido lo cumplirán alrededor de 500 nativos durante este fin de semana. dicen que son conscientes de los riesgos a los que se enfrentan pues hay personas armadas en algunos de los socavones de donde extraen oro, sin embargo aseguran que los enfrentarán con sus bastones de mando.

Las autoridades en el Cauca, señalaron que ya se adelantan acciones en contra de las explotaciones ilegales de oro. María Isabel Ulloa Viceministra de Minas, asegura que se iniciará todo un proceso para acabar con las organizaciones criminales que se lucran de esta actividad.

«La minería tiene que ser desarrollo, tiene que ser responsable, tiene que cuidar el medio ambiente y eso es lo que se busca en el Cauca y en el resto del país», señaló la funcionaria.

La minga contra la minería ilegal arrancó en el norte del Cauca y se espera que durante los próximos tres días recorran dos de los municipios en donde se estima hay una mayor presencia de explotaciones de oro al margen de la ley.

A mitad del mes de enero del 2015, líderes de la defensa de los territorios del macizo colombiano desarrollaron en el municipio de Sucre, sur del Cauca, el inicio de una serie de consultas para saber si los habitantes quieren o no el ingreso de la minería en sus territorios.

Sin embargo, lograron un resultado adverso a su búsqueda: Unas nuevas amenazas de muerte a través de un panfleto que apareció en el barrio Siloé de dicha municipalidad, el pasado 10 de febrero, como lo registró la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz al día siguiente. El documento amenaza “a líderes campesinos y a sus familias, acusándolos de politiqueros y de asesinos integrantes de las guerrillas de las FARC y el ELN”, dice el comunicado de esta organización.

De forma paralela, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, dio a conocer un comunicado que consigna lo que califican como “un incremento a la violación de los Derechos Humanos”, en los meses de diciembre de 2014 y de enero de 2015.

En dicho tiempo, según los datos de este observatorio de DDHH, se han registrado 10 amenazas contra organizaciones campesinas, afrocaucanas, indígenas y sociales; el asesinato de dos líderes sociales (Elkin Darío Mompotes y Heriberto Narváez) y de un funcionario público (Emiro Medina Velasco); además de ocho feminicidios, y 48 muertes por diferentes formas de violencia.

Este escenario generó preocupaciones al interior de estas organizaciones, porque al parecer en estos dos meses, hay un incremento de la violencia en comparación a los años anteriores; justo en un momento donde existe un cese unilateral al fuego decretado por la guerrilla de las FARC y reconocido por el Ministerio de Defensa, y unos diálogos de paz que avanzan en La Habana, Cuba.

Según Miguel Fernández, miembro del equipo de Derechos Humanos del Cima y de la Comisión Política de la Red por la Vida y los Derechos Humanos, “la situación en el Cauca siempre ha sido crítica porque esto es un problema estructural del Estado, que no lo ha atendido de manera real, a pesar de las denuncias a nivel regional, nacional e internacional”.

Para el 2012, por ejemplo, año en el que se dio inicio oficial a los diálogos de paz, en el primer trimestre se presentaron tres homicidios de líderes defensores de los DDHH en el Cauca. Además de seis amenazas de muerte y ocho amenazas colectivas. Lo que muestra que en comparación con las cifras de finales del 2014 y comienzos del 2015 se han presentado el mismo número de asesinatos y dos amenazas colectivas adicionales.

Mientras que para el primer trimestre del 2013, año en el que ya estaban en marcha los primeros pasos de la mesa de negociaciones de paz, se presentaron seis asesinatos de líderes sociales, además de un aumento del 33 % de las amenazas.

“Lo que se está dando en este momento y la denuncia que hacemos sobre estos últimos meses, no es raro. Pero lo que sí vemos es que la esencia de la violencia aún está ahí y continúa a pesar de que existen pretensiones desde el Gobierno para que la situación de los DDHH se vaya corrigiendo en el país”, dijo Fernández.

Para las organizaciones sociales, si bien es importante el esfuerzo que se hace en la mesa de negociaciones, existen conflictos en las regiones que el Gobierno debe atender para generar un verdadero estado de paz, tales como la minería ilegal o “extractivista” o incluso el mismo narcotráfico que hoy está en manos de los neoparamilitares o bandas criminales.

De hecho, la mayoría de las últimas amenazas a las organizaciones sociales se han dado por las denuncias que las comunidades, principalmente del norte del Cauca, han realizado en contra de la minería ilegal.

Como lo explica el comunicado de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas, Uafroc, junto con ‘La Movilización de Mujeres Afrocaucanas por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales’, recibieron amenazas por su confrontación directa contra la minería que se desarrolla en el norte del departamento.

Adicional a esto, según los datos de esta misma entidad, desde el 2014 se han intensificado las amenazas desde los paramilitares agrupados en ‘Rastrojos’, ‘Águilas Negras’ y ‘Urabeños’.

Emiro Medina Velasco, fue jefe de la Oficina Jurídica del municipio de Caloto.

Por eso para Fernández, de lograrse un acuerdo, esta realidad constituye un riesgo para las organizaciones sociales de todo el país. “Es un peligro que se viene después de todo esto. Es decir, ¿Cómo vamos a llegar a un momento de posconflicto si todos estos actores y sectores que no quieren la paz siguen haciendo el daño que están haciendo, sobre todo al movimiento social y popular?”

Hasta el momento, la única respuesta que tiene el Gobierno Nacional a esta cuestión es que los dineros que se ahorrarían de la confrontación armada contra la guerrilla de las Farc y posiblemente contra el ELN servirían para enfrentar estos otros focos de violencia que denuncian las comunidades del Cauca. Mientras tanto, queda esperar si el informe que dé a conocer la Red por la Vida y los Derechos Humanos en el primer trimestre del 2015 supera o no, los promedios de violencia de los años precedentes.

La comunidad indígena Nasa del norte del Cauca de nuevo está de luto. En las últimas horas, dos indígenas, pertenecientes al resguardo de Huellas (Caloto) fueron atacados por hombres armados cuando se disponían a esperar el transporte que los llevaría a sus casas.

Feliciano Valencia, vocero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), informó que los dos muchachos «iban saliendo de un establecimiento. Había un festival, y ellos habían estado participando allí y ya iban para sus casas cuando sujetos que se movilizaban en una moto les dispararon en repetidas ocasiones hiriéndolos de gravedad».

Familiares de las víctimas del atentado, informaron que eran dos hermanos que se dedicaban a la agricultura; fueron identificados como Carlos y Rafael Martínez. El primero de ellos está gravemente herido, y es atendido en una clínica de Cali, mientras que el otro desafortunadamente murió minutos después del violento hecho.

Ante lo sucedido, de nuevo la zozobra reina entre la comunidad caloteña, pues con este suceso ya son tres los indígenas asesinados en menos de dos semanas en esa zona del Cauca. En horas de la tarde del domingo 8 de febrero de 2015, en un predio ubicado entre las veredas Pílamo y Campo Llanito, jurisdicción de Guachené, fueron hallados dos cuerpos sin vida, con signos de haber sido impactados por proyectiles de arma de fuego.

Posteriormente se logró establecer, que se trataba de los indígenas Emiliano Silva y Gerardo Velasco, de aproximadamente 36 y 38 años de edad, quienes pertenecían al resguardo indígena de Tóez, también de Caloto, y que habían sido reportados como desaparecidos el viernes 6 de febrero de este año. La moto en la que se movilizaban nunca apareció.

«Estamos muy preocupados por esta ola de violencia que azota Caloto y el norte del Cauca en estos momentos. No merma y por el contrario se va incrementando en la medida que pasan las horas», señaló Feliciano Valencia, quien solicitó a las autoridades celeridad en las investigaciones, para establecer quienes están detrás de la ola de asesinatos.

El defensor del pueblo del Cauca Mauricio Redondo, destacó que los enfrentamientos se cumplieron desde antes de que se iniciaran las clases el día de hoy y por eso los niños, por fortuna, no llegaron.

Un llamado al ejército y a la guerrilla para que se tomen posiciones diferentes y así evitar que en medio de los enfrentamientos se vean afectados civiles, hizo la Defensoría desde el Cauca.

Las autoridades aún no han reportado daños materiales o personas afectadas. Los indígenas en el norte del Cauca nuevamente han pedido protección a organismos internacionales.

Según el Organismo, al plantel educativo asisten decenas de niños y niñas, pero también es utilizado como sitio de reunión para las comunidades del Reguardo Indígena Huellas.

“Testimonios de los pobladores indican que al cabo de unas horas, las hostilidades se trasladaron a un sitio más distante de la institución educativa, la cual a partir de ese momento se convirtió en refugio para un centenar de habitantes que intentaban escapar de las balas”, dijo la Defensoría en un comunicado.

Recordó que según los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, “los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque ni de represalias. Son bienes de carácter civil todos los bienes que no son objetivos militares”.

Mientras se realiza el censo sobre posibles afectaciones como consecuencia de los enfrentamientos, la Defensoría Regional Cauca pidió que se investiguen las versiones según las cuales un contingente militar habría usado la escuela como sitio de defensa y respuesta al ataque de los presuntos guerrilleros.

Ante esto, el brigadier general Wilson Cabra, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército, dijo que las confrontaciones se registraron en el Cañón del Río Palo y que sus tropas no ocuparon la escuela durante el combate.

De acuerdo con Blu Radio, hay preocupación en la comunidad indígena del Cauca pues en la zona hay grupos de nativos.

El general Wilson Cabra reveló que al parecer se trata de guerrilleros de la columna Ambrosio González, quienes estarían preparando atentados. Desde diciembre del año pasado la guerrilla de las FARC había anunciado un cese unilateral e indefinido del fuego.

El defensor del Pueblo en el Cauca Mauricio Redondo, destacó que cuando se presentaron los choques armados no había empezado la jornada escolar por esa razón los alumnos no estaban en las instalaciones escolares de la zona. Sin embargo destacó el defensor que se hizo un llamado a los actores armados para que respeten este tipo de sedes.

«Hemos hecho un llamado para que respeten el Derecho Internacional Humanitario, nos hemos comunicado también con los mandos del ejército, precisamente para que lo tengan en cuenta y lógicamente se trate de superar esta situación los más pronto posible», indicó Redondo.

Dos guerrilleros heridos es el saldo de estos enfrentamientos que aunque han disminuido en intensidad aún se mantiene de manera intermitente. La comunidad indígena del resguardo de Huellas se declaró en asamblea permanente mientras se mantienen los choques armados

Según el oficial, cuando las tropas adelantaban operaciones de control territorial, se encontraron a los guerrilleros e iniciaron un combate sin que se registraran afectaciones en los militares.

Aseguró que se incautó material de guerra, intendencia y explosivos.

Habitantes de la zona manifestaron su temor y denunciaron que soldados del Ejército se ubicaron cerca de las viviendas a responder a los ataques de los presuntos guerrilleros.

Confinadas, se encuentran alrededor de 98 familias de la vereda El Carpintero en el resguardo de Huellas municipio de Caloto tras los combates que se han librado entre el Ejército y la guerrilla de las Farc. De acuerdo con la misma comunidad, el Ejército ocupó las instalaciones de la escuela y desde ese lugar disparaban contra un reducto guerrillero que también tomó algunas posiciones en viviendas de civiles utilizándolas como escudos.

La Defensoría del Pueblo hizo un nuevo llamado para que se garantice la protección a la comunidad civil por parte de los actores del conflicto armado. Así se conoció tras los enfrentamientos que se presentaron en el norte del Cauca en medio de sedes civiles como una escuela y varias viviendas. Destacó el defensor del Pueblo en el Cauca, Mauricio Redondo que se ha insistido en la necesidad de respetar el Derecho Internacional Humanitario y de esa forma desvincular a la población civil de los combates y acciones violentas.

Como Rafael Martínez fue identificado el comunero asesinado en una zona rural entre Santander de Quilichao y el municipio de Caloto. Así lo confirmaron las autoridades indígenas del norte del Cauca. Según se destacó, la víctima se movilizaba en compañía de su hermano tras salir de un establecimiento público cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta les dispararon en varias ocasiones.

De acuerdo con el alcalde Arias, en la mañana del lunes se presentó una confrontación armada que provocó pánico en la población. «Hizo que la comunidad se refugiara en el sitio de Asamblea permanente en la vereda del Carpintero. Allí se congregó la comunidad, alrededor de 180 personas entre mujeres, jóvenes, niños y abuelos de la zona», indicó.

El sitio de la confrontación se focaliza en la frontera rural del Municipio de Caloto con el Municipio de Toribio, hasta donde han hecho llegar ayudas humanitarias para toda la comunidad que se resguardó del fuego cruzado.

Sobre los combates, el Alcalde dijo que se vivieron en su máxima expresión en la mañana del lunes, disminuyendo hasta las horas de la tarde. Durante el martes, no se han registrado alteraciones al orden público.

Por su parte, la misma comunidad señaló que el Ejército ocupó las instalaciones de la escuela y desde ese lugar disparaban contra un reducto guerrillero que también tomó algunas posiciones en viviendas de civiles utilizándolas como escudos.

Llamado al respeto del DIH

La Defensoría del Pueblo hizo un nuevo llamado para que se garantice la protección a la comunidad civil por parte de los actores del conflicto armado. Así se conoció tras los enfrentamientos que se presentaron en el norte del Cauca en medio de una escuela y varias viviendas.

Destacó el defensor del Pueblo en el Cauca, Mauricio Redondo que se ha insistido en la necesidad de respetar el Derecho Internacional Humanitario y de esa forma desvincular a la población civil de los combates y acciones violentas.

Asimismo puntualizó el representante del organismo humanitario que es necesario una acción de las autoridades para evitar que se sigan presentando hechos de sangre, amenazas y asesinatos en el norte del Cauca, especialmente en el municipio de Caloto.

El más reciente caso está relacionado con una llamada al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Cabuyo en el nororiente de Popayán. Según se destacó el líder social recibió un mensaje proveniente de fuentes desconocidas a través de la cual se amenazó de muerte a él y a sus familiares sino abandonaban la región.

Este nuevo caso se suma a las denuncias de amenazas en contra de autoridades indígenas del resguardo de Paniquitá, municipio de Totoró a través de las cuales hombres que se identifican como guerrilleros de las Farc, amenazan a los líderes nativos y les exigen la entrega de medicamentos y dinero en efectivo.

El secretario de Gobierno, Amarildo Correa, dijo que se trata de una asamblea indígena realizada en el Resguardo Indígena de Tóez, municipio de Caloto, donde hacen presencia las autoridades tradicionales del Departamento y delegados del Gobierno Nacional.

Agregó que el Gobierno Departamental cumple el papel de “relator” durante el encuentro, que pretende lograr acuerdos entre las partes para evitar inconvenientes en la región.

El dirigente dejó claro que las comunidades no desalojarán las fincas que vienen ocupando en varios sectores del norte del Departamento, y que no se descarta la posibilidad de bloquear la vía Panamericana.

No obstante, dijo que mantendrán la disposición para dialogar con el Gobierno Nacional, con el fin de garantizar el cumplimiento de las exigencias de las comunidades indígenas.

Las autoridades tradicionales del pueblo Nasa, presentaron un documento con cinco exigencias:

– “Exigimos que el Gobierno Nacional respete y proteja la vida e integridad de las comunidades indígenas y tome medidas necesarias e inmediatas para evitar la muerte de los comuneros indígenas, como los hechos recientes que hemos denunciado”.

– “Exigimos pactar en forma directa las indemnizaciones por las masacres de: Gualanday, San Pedro, Bajo San Francisco, Naya, Gargantilla – Tacueyó y los asesinatos selectivos que se han presentado últimamente en nuestros territorios”.

– “La adquisición y adjudicación de tierras debe tener en cuenta la necesidad de tierras productivas para el norte del Cauca”.

– “Pactar la adquisición y adjudicación de tierras por el Gobierno Nacional de veinte mil hectáreas en el primer año del 2015”.

– “Se remite copia formal de estas exigencias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Consejo de Estado, a la Corte Constitucional”.

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que hay solicitudes imposibles de cumplir y reiteró que se han hecho acuerdos previos con un número de hectáreas importante, teniendo en cuenta acuerdos que se habían incumplido de 40 mil hectáreas que se comprarían 10 mil por año. “Pero una solicitud de 20.000 hectáreas en el norte del Cauca, no existe la posibilidad ni la tierra para adquirir esos predios. Por eso, no se pudo llegar a un acuerdo”.

Mientras tanto, crece la inquietud por las posibles vías de hecho que puedan adoptar los nativos, entre las que conciben el taponamiento de la carretera internacional como lo han hecho en ocasiones anteriores, para exigir el cumplimiento de sus peticiones, perjudicando la economía de la región.

Las familias buscaron ayuda en la Unidad de Víctimas, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal. Actualmente las autoridades adelantan labores para garantizar su alojamiento, alimentos y atención médica si lo necesitan.

Asimismo, se informó que se realiza una evaluación para que una vez se controle la situación en la zona, puedan regresar a sus hogares con apoyo del Estado.

“En la Unidad se sigue atendiendo en jornada continua de 07:00 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a jueves y el viernes de 07:00 a.m. a 1:30 de la tarde. Se aclara que la UAO no tiene, ni permite mediadores o tramitadores”, explicó Ríos.

El Ministro de Agricultura explicó que realizó una propuesta acorde a las posibilidades de gobierno, pero no fue aceptada por los líderes indígenas. Foto: David Luna.

Una nueva reunión entre el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, y los líderes indígenas del norte del Cauca, se surtió en esta semana. ¿El resultado? No hubo acuerdos para frenar la nueva manifestación que lleva a cabo los cabildos indígenas del norte del departamento, que están pidiendo protección y tierras.

Esta reunión se llevó a cabo en el resguardo de Tóez. Ahí los líderes indígenas de los 20 resguardos de esta zona, pidieron de nuevo el cumplimiento de la indemnización por las masacres que se han presentado en contra de esta comunidad, y a su vez, la compra de 20 mil hectáreas en el norte del Cauca para que fueran entregadas a las comunidades indígenas. Un medida calificada como difícil porque podría ir en detrimento de las propiedades de los ingenios azucareros.

Ante estas solicitudes Aurelio Iragorri Valencia fue enfático en aclarar “que existen exigencias imposibles de cumplir. Yo no puedo aceptar indemnizaciones adicionales, cuando el gobierno ya ha cumplido. Además, sobre los predios, nosotros no podemos quitárselos ni a empresarios, ni campesinos, porque tienen los mismos derechos”.

Cabe recordar que el gobierno nacional acordó con las comunidades indígenas la compra de 40 mil hectáreas para ser entregadas en 10 mil por cada año. Por eso, para el Ministro de Agricultura, cumplir con la solicitud de compra de 20 mil hectáreas solo para el norte del departamento, es imposible.

La base de las comunidades indígenas de esta zona para realizar dicha petición de tierras, tiene como base que las comunidades indígenas están ubicadas en territorios que no son productivos por su situación geográfica. Y que además, según sus estimaciones, existe un déficit de tierras de más de 100 mil hectáreas.

Por eso, la movilización de las comunidades indígenas del norte del departamento no parará y no se descarta que sigan ocupando tierras que ellos consideran ancestrales. Mientras tanto, no se sabe cuál será el siguiente paso del gobierno nacional para evitar el potencial conflicto en esa zona del territorio caucano.

La entidad indicó que como vocera del empresariado de la región, respeta el derecho constitucional que tienen las organizaciones indígenas de adelantar movilizaciones y de llamar la atención del Gobierno Nacional sobre sus necesidades, pero “rechaza enfáticamente las acciones de hecho”.

Agregó que con estas acciones causan incertidumbre para la normal operación industrial, comercial y turística, lo que obstaculiza las futuras posibilidades de inversión foránea en la región.

Por otra parte, agradeció a la Policía y el Ejército por sus acciones oportunas que condujeron al restablecimiento de la movilidad en condiciones normales por la carretera internacional.

“La Cámara de Comercio del Cauca insiste en las vías del dialogo como respeto del interés general sobre el particular. Estas situaciones desdibujan el trabajo de gremios y asociaciones para un desarrollo incluyente que busca progreso en todo el departamento”, concluyó.

La reacción se produjo luego que este martes comunidades indígenas bloquearan durante más de seis horas la vía Panamericana a la altura de La Agustina, y anunciaran un taponamiento indefinido porque no lograron acuerdos con el Gobierno Nacional respecto a la adquisición de 20 mil hectáreas de tierras.

El dirigente escribió en su cuenta de Facebook que ni siquiera el Gobierno entiende las solicitudes de los indígenas.

“En estos días, cuando varias comunidades indígenas del norte del Cauca nos hemos levantado en minga a liberar la madre tierra como esta mandatado ancestralmente, no deja de escucharse de todo en el entorno; los que no saben el valor integral y cultural de la tierra, salen a decir “y ahora esos indios hp que quieren, tienen suficiente tierra, no la trabajan y quieren más”. Les quiero decir a estas personas que para este indio y muchos más, el asunto no es de números de hectáreas, una cosa es como se negocia con el gobierno, pero el asunto es más de fondo, eso no lo ha entendido ni el mismo gobierno.

Otros y con razón seguramente manifiestan “y porque taponan la vía panamericana cuando hay otras formas de exigirle al gobierno”, respetable lo que dicen pero y ¿cuáles son esas formas?, hasta donde sé y me consta desde niño, los gobiernos nunca nos han dado nada gratis o a las buenas, lo que los indios tenemos lo hemos logrado a punta de luchas pagando un alto precio.

Los más violentos amenazan y hasta matan a la gente, creen que así nos asustan, da miedo claro y duele que eso pase pero al final terminan llenándonos de motivos, no quiero decir con esto que seamos masoquistas, fanáticos o suicidas, lo que pasa es que el apego por la tierra es profundo. Otras personas nos tratan de “delincuentes, buena vida y araganes”.

A ellas les digo que si delincuencia es reclamar lo que nos pertenece pues que nos metan a la cárcel a todos, que vamos hacer. Varias cosas en el contexto: cuando al indio y a la india nos dicen que tenemos derechos, lo tomamos muy en serio y lo ejercemos. Muchos indios y muchas indias no estamos pensando dejarles a nuestros hijos cuentas bancarias, inmuebles o mucho dinero, no, estamos pensando dejarles tierra para que la semilla siga germinando.

No somos un estorbo para el desarrollo, lo que pasa es que nosotros miramos el desarrollo de otra forma. En fin, el asunto es que si el Estado y su gobernantes empeñaron la palabra con el indio y la india y esa palabra quedo escrita en papeles, pues que cumpla simplemente, de lo contrario y a pesar de lo mal que se ven para muchos nuestra forma de exigir cumplimento del Estado, seguiremos reclamando los derechos de la forma como hasta ahora nos ha funcionado. Ojala fuera de otra forma (sic)”, anotó el líder.

El dirigente afirmó en La W que desde la Minga Social del año 2013 se estableció una ruta en el tema de tierras, “las otras exigencias que están planteadas tienen que ver con saneamiento, constitución y legalización de territorios ancestrales”.

Agregó que el Gobierno ha incumplido los acuerdos y han puesto plazos durante más de dos años, sin que les den soluciones de fondo hasta el momento, por lo cual las comunidades del norte decidieron levantarse para aclarar la situación.

Cabe resaltar que el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, se reunió recientemente con las comunidades, que exigieron 20 mil hectáreas de tierra. El ministro dijo que tal solicitud es imposible de cumplir porque no existe esa cantidad de terrenos para los nativos.

Las jornadas de protesta que se han realizado esta semana dejan hasta el momento más de 50 personas heridas entre policías e indígenas, que se enfrentan entre la vía que une a los municipios de Corinto y Miranda y en el sector de La Agustina, Santander de Quilichao, en la vía Panamericana.

Las comunidades denunciaron uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía e incluso, aseguraron que han sido atacados con disparos de las armas de dotación de los uniformados.

Por su parte la Policía indicó que los uniformados han sido afectados por el lanzamiento de ‘papas bomba’ y mini cohetes artesanales.

Gobierno responde

Ante esto, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, dijo que se han agotado las vías del diálogo con este grupo que calificó como “minoritario” y rechazó las vías de hecho adoptadas por las comunidades.

Además, recordó que el Gobierno expidió dos decretos que los indígenas de Colombia esperaban desde 1991, que garantizan el manejo autónomo de los recursos de salud y educación, así como la protección a las tierras ancestrales.

Agregó que se evalúan con los comandantes de policía de la región, las circunstancias que han rodeado los enfrentamientos para aclarar lo sucedido.

Las características topográficas, geográficas, culturales, sociales; al igual que las de parte de la infraestructura disponible, sumadas a la convivencia con un volcán activo, representa riesgos diversos para quienes habitan la cuenca del río Páez, lo que ha hecho necesario que toda acción emprendida desde la Corporación Nasa Kiwe, incorpore el componente de gestión del riesgo, como transversal a todos sus procesos: Salud y Saneamiento Básico, Educación, Electrificación, Vivienda, Vías y Desarrollo Productivo; con el objetivo de que las comunidades sujeto de atención vivan en territorios más seguros.

Propósito que se articula a lo contemplado en la Ley 1523 de 2012, que define la Gestión del Riesgo como un proceso social “orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”, y que se constituye en “una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población”.

Como entidad pública adscrita al Ministerio del Interior, Nasa Kiwe, viene desarrollando acciones de Gestión del Riesgo a través de obras de reubicación de viviendas y reasentamiento de familias en sitio seguro en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, con total compromiso en la ejecución del CONPES 3667 de 2010, política de acción trazada en materia de Reducción del Riesgo ante la amenaza de Flujo de Lodo (Avalancha) en el Volcán Nevado del Huila, que cobija a los municipios de Páez e Inzá en Cauca; y La Plata, Nátaga, Paicol, Tesalia y Gigante en el Huila. De igual manera ejecuta el proyecto de “Asistencia, Reconstrucción y Rehabilitación de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas”.

En 2014, se demostró la capacidad de gestión de recursos de sus directivas, pues para la vigencia 2015, a pesar del anuncio del Gobierno Nacional de recortes presupuestales, la entidad logró gestionar quince mil millones de pesos ($15.000.000.000) lo que no afectará significativamente la ejecución de las actividades previstas para la vigencia.

De igual manera, manifiesta el Director General de la Corporación Nasa Kiwe, John Diego Parra Tobar, la concertación y el diálogo permanentes con los habitantes de este territorio, al igual que el fortalecimiento de la organización comunitaria alrededor de proyectos productivos y de gobernabilidad, y la generación de empleos en la zona de influencia, han permitido la construcción conjunta de nuevas posibilidades de desarrollo y de acceso a servicios básicos antes insatisfechos, contribuyendo a la construcción de escenarios propicios para asumir el post conflicto, uno de los retos que asume con total compromiso y responsabilidad la Corporación, de la mano con las comunidades atendidas.

Inversión para el desarrollo

Financieramente en la vigencia 2014, el balance fue satisfactorio, un total de $18.517.113.250 ejecutados en las acciones emprendidas desde las diferentes áreas de atención: salud y saneamiento básico, proyectos productivos, vías, educación, electrificación y vivienda; al igual que en el fortalecimiento de la capacidad comunitaria e institucional orientados a la gestión social del riesgo y su aplicación en la planificación del territorio; así como en gobernabilidad y control social de los recursos públicos.

Desarrollo Productivo: hacia el auto sostenimiento de las comunidades

Desde el proceso de desarrollo productivo se buscó propiciar condiciones que favorezcan la resiliencia de las comunidades a través del plan de reactivación económica para la región; mediante el mejoramiento de la capacidad adquisitiva de las familias atendidas, fortaleciendo los rendimientos económicos de los proyectos productivos y empoderando a las organizaciones de base. Para ello se trabajó en cuatro líneas de acción: agrícola, pecuaria, emprendimiento y turismo. Apoyando 30 organizaciones de base con proyectos fortalecidos y beneficiando a un total de 999 familias.

Vivienda: salvaguardar vidas, nuestra prioridad

Desde el área de vivienda la Corporación trabajó en la reubicación de viviendas y en el reasentamiento de las familias que viven en zona de riesgo por flujo de lodo; así como en el apoyo a las actividades tendientes a garantizar la sostenibilidad de las áreas que van siendo desalojadas y el control de la ocupación de las mismas, que deben liderar las administraciones municipales.

En la vigencia 2014 se adelantaron las acciones necesarias para el reasentamiento de 94 viviendas distribuidas en Cauca y Huila: 30 viviendas en la Mesa de Avirama, 30 en la Mesa de Belalcázar, 16 en Mesa de Togoima y 7 en sitios dispersos del municipio de Páez, departamento del Cauca y 11 en Paicol en el Huila.

Tratándose de un proceso de reubicación integral, se brindó apoyo en atención Psicosocial atendiendo aspectos psicológicos, sociales, culturales y de alternativas económicas, para facilitar el tránsito de estas familias a un ambiente más seguro donde es necesario promover la adaptabilidad al cambio de las familias.

Mediante el proyecto de Asistencia Reconstrucción y Rehabilitación de la cuenca del río Páez y zonas aledañas, se ejecutaron actividades para mejorar las condiciones sanitarias y ambientales en los municipios de Caldono y Caloto, con la construcción de 114 baterías sanitarias en los corregimientos de Siberia y Pescador del municipio de Caldono, y una batería sanitaria en la Institución Educativa Sagrada Familia en el municipio de Caloto. Con este proceso se fomentaron 176 empleos directos y 242 empleos indirectos, beneficiando a un total de 1.985 personas.

Vías: garantizando la conectividad y la evacuación

Con el objetivo de recuperar la infraestructura vial afectada por el flujo de lodo sobre el río Páez, se ejecutaron las actividades de recuperación de infraestructura en puentes peatonales, caballares y tramos viales afectados a lo largo de la cuenca, para ello se ejecutó la construcción de tres puentes peatonales y caballares ubicados en La Esmeralda, La Aurora – Agua Blanca sobre el río Símbola y otro en El Rodeo – sector El Guamo también sobre el río Símbola.

De igual manera se invirtió en la construcción de obras complementarias para la estabilización y protección de los puentes peatonales y caballares colgantes sobre el río Páez, lo que significa 22.5 kilómetros en construcción y complementación vial; y la construcción de 5 alternativas viales equivalentes a 9. 5 kilómetros de nuevas vías. Para el proceso de reubicación de viviendas, se realizó la construcción de obras de adecuación vial, representadas en 1.6 kilómetros de vía construidos.

Con el objetivo de recuperar la infraestructura vial afectada por las avalanchas ocurridas sobre el río Páez, se invirtió en la complementación de la red vial terciaria municipal mediante la construcción y complementación de la vía San Andrés – Tumbichucue – Lame – Cuartel – La Troja. En esta área de intervención se generaron 85 empleos directos y 35 indirectos beneficiando a 19.122 habitantes.

Educación: generando un mejor entorno para el aprendizaje

Desde el área de Educación, se invirtió en la construcción, ampliación y reforzamiento de las Instituciones Educativas priorizadas, entregando obras como cocinas–comedor, aulas, cocina tradicional, así como en la construcción de obras complementarias para una biblioteca. Igualmente, dentro del proceso de reubicación, se apoyó a la Institución Educativa San Miguel de Avirama, con la construcción de dos aulas en la sede principal.

Electrificación: cada vez más personas beneficiadas con servicio de energía eléctrica

Desde el área de electrificación se construyeron redes eléctricas en media y baja tensión, acometidas e instalaciones internas para viviendas reubicadas en Mesa de Avirama, Mesa de Belalcázar y Mesa de Togoima, y viviendas dispersas en el municipio de Páez. De igual manera se realizó la ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía en el sector rural mediante la construcción de redes eléctricas en media y baja tensión; acometidas eléctricas e instalaciones internas para la ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en los sectores Nueva Irlanda, San Vicente, La Plata; y para las viviendas reubicadas en el cañón del río Páez en los departamentos de Cauca y Huila.

El proceso generó 20 empleos directos y 20 indirectos beneficiando a un total de 94 familias con nuevos servicios de energía eléctrica y beneficiando a 470 personas.

El objetivo es buscar acuerdos que permitan evitar nuevas vías de hecho en predios privados en el municipio de Corinto y en la vía Panamericana, que fue obstaculizada en varias ocasiones durante la semana pasada.

Las comunidades indicaron que esperan la llegada de ministros del Gobierno Nacional, con el fin de respaldar los acuerdos.

Los desórdenes han dejado más de 50 heridos, entre indígenas y policías, y se registran por la ocupación de cinco haciendas ubicadas en el municipio de Corinto.

Entre tanto se mantiene la preocupación en los diferentes sectores económicos y productivos de la región, por las experiencias pasadas cuando se han presentado bloqueos a la vía Panamericana, que han dejado cuantiosas pérdidas.

El alcalde de Popayán, Francisco Fuentes, rechazó las vías de hecho y expresó su preocupación, pues está cerca la Semana Santa, tiempo en que cientos de turistas del país y el mundo llegan a la capital del Cauca.

En la vía que del corregimiento de Tálaga conduce al municipio de Páez, Cauca, tropas del Gaula Militar Huila, lograron ubicar y destruir de manera controlada, un cilindro bomba que había sido acondicionado a un lado de la carretera para ser activado al paso de las unidades militares; convirtiéndose en una verdadera amenaza para la población civil que debe transitar por la zona.

El cilindro cargado con 50 kilos de explosivo anfo, reforzado con pentolita molida y metralla y con sistema de activación por cable mando, había sido instalado por guerrilleros al mando de alias Duván, cabecilla de la comisión de finanzas del frente sexto de las FARC, indicaron fuentes oficiales.

Así mismo en el corregimiento de Guayabal, en San Vicente del Caguán, Caquetá, esta vez tropas del Batallón de Alta Montaña No. 9, hallaron una mina antipersona que sería utilizada por insurgentes de la segunda compañía Ayíber González de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, para frenar el avance de los soldados hacia sus campamentos.

Ambos artefactos explosivos fueron destruidos de manera controlada por los Equipos de Explosivos y Demoliciones, EXDE, de la Novena Brigada, contrarrestando las pretensiones de los grupos armados ilegales y minimizando los riesgos que representan estas trampas para la población campesina.

De acuerdo al consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Eduardo Camayo, las comunidades siguen esperando respuestas del Gobierno sobre el cumplimiento de una sentencia que les permite acceder a las tierras que hoy ocupan en la región donde se producen los enfrentamientos.

“Las fincas en las que hoy las comunidades están en liberación, han sido parte del acuerdo, por eso las comunidades dicen no nos salimos hasta que el Gobierno las entregue”, explicó.

Agregó que aunque no se ha confirmado una reunión con funcionarios del Alto Gobierno, esperan que en la prontitud se concrete un encuentro para evitar nuevos choques y situaciones lamentables en Corinto.

Posteriormente refutó que se infiltren actores armados ilegales en sus protestas, pues la Guardia hace el control de quiénes participan en las movilizaciones. “La comunidad tiene mucha cautela en controlar a las personas que están en la asamblea permanente, saben quiénes están (…)”, finalizó.

“Los consejeros de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN – CXAB WALA KIWE informamos y aclaramos a la opinión pública nacional e internacional sobre los hechos acontecidos en la mañana del día de hoy 06 marzo de 2015 en el kilómetro 66 en la vía que conduce de Santander de Quilichao a Popayán en el lugar denominado Quinamayó:

1. Reafirmamos y aclaramos que el proceso de la Liberación de la Madre Tierra y la reclamación social se hace desde la legitimidad de las comunidades como una forma de exigir el derecho a la tierra especialmente teniendo en cuenta que los territorios reclamados ancestralmente han pertenecido a los pueblos indígenas, todo este proceso de liberación se realiza de forma pacífica como ha sido mandatado desde nuestras comunidades.

2.     Rechazamos toda acción violenta que trata de empañar nuestro proceso de movilización social que como comunidades indígenas estamos adelantando en La Agustina, especialmente lo sucedido el día de hoy 06 de marzo de 2015 en la vía Panamericana que conduce de Santander de Quilichao a Popayán donde personas encapuchadas realizan la quema de una buseta de la empresa Expreso Palmira – ECO.

3.     Las Autoridades Indígenas del Norte del Cauca nos hemos declarado en máxima alerta por lo sucedido el día de hoy en la vía Panamericana y hemos iniciado un proceso de investigación para esclarecer los hechos. Reafirmamos que este tipo de actuación no corresponde a las dinámicas organizativas de nuestras comunidades”.

La tensa situación se mantiene en el norte del Cauca, donde cientos de indígenas protestan y reclaman fincas que ocupan desde el mes de diciembre del año pasado; entre tanto, las autoridades a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios tratan de desalojar a los nativos.

Cristo aseguró que la Policía ha cumplido con su deber en la región y expresó que los enfrentamientos que se han producido son investigados por la Fiscalía General de la Nación, con el fin de aclarar algunas situaciones como ataques a los uniformados con armas de fuego, tema que calificó como grave para las autoridades tradicionales.

Agregó que es indispensable conformar una mesa de diálogo con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, para solucionar la problemática de tierras que se presenta en la región.

“Hacemos un llamado a las comunidades indígenas, la protesta social es respetada pero el Gobierno no acepta que se bloqueen las vías”.

Finalizó diciendo que “este Gobierno ha pagado la deuda social e histórica con los indígenas de toda Colombia” y que las mismas autoridades tradicionales reconocen los avances del Gobierno, que en los últimos meses se vieron reflejados con la firma de los decretos autonómicos.

“Lo importante es que estamos construyendo paz, gracias al compromiso del Gobierno Nacional, del Ministerio del Interior, en la búsqueda de espacios para una sana convivencia y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias que habitan en este municipio del Cauca. Esperamos con esta obra ver el beneficio pues sabemos que hay ya varios niños y jóvenes de esta zona que son competitivos a nivel departamental y nacional en el atletismo”, dijo el director general de la Corporación, John Diego Parra Tobar, quien participó de los actos inaugurales convocados por la comunidad educativa de Hato Viejo.

Por su parte la rectora encargada de la Institución Educativa, Blanca Alicia Campo, indicó que en la vereda hay un buen semillero deportivo que pretenden incentivar ahora con la ayuda de este escenario propicio para la práctica de diferentes disciplinas deportivas, el primero con sus características con el que se cuenta en todo el municipio.

“Una infraestructura que era un sueño hace unos años y que hoy se ha hecho realidad, gracias al trabajo y la inversión de Nasa Kiwe, pero también a la voluntad política de la alcaldía y al trabajo comunitario”, afirmó.

La comisión, que ya escuchó al gobierno a través de los Ministros del Interior y Agricultura, está integrada por el Defensor Nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora, el padre Francisco de Roux, veedor de los acuerdos indígenas e integrantes de Naciones Unidas.

Con ellos se esperan definir las garantías para que las partes se sienten a dialogar.

Para tal fin se invirtieron 281 millones de pesos en un proyecto coordinado por la Corporación Nasa Kiwe.

Se trata de una iniciativa cuya cobertura abarca la población de al menos cuatro veredas entre las que está La Primera, Campoalegre y Buenavista, en un esfuerzo por promocionar el desarrollo de actividades lúdicas, deportivas, recreativas y culturales según se indicó.

El proyecto hace parte de la inversión que en materia social y de infraestructura especialmente ha realizado la Corporación, creada tras la avalancha del río Páez en 1994 y posteriormente un nuevo flujo de lodo en 2008, con el objetivo de beneficiar a las comunidades que resultaron damnificadas tras los fenómenos naturales.

De acuerdo a las autoridades locales, en la obra se invirtieron 6 mil millones de pesos, y se espera beneficiar a toda la comunidad de la región del nororiente del Cauca y turistas.

Personal del Ejército Nacional construyó el puente con recursos del Gobierno Nacional.

La ceremonia de inauguración será este viernes, según el alcalde de Páez, Samuel Tumbo.

Personal operativo de la Compañía atendió los daños presentados, relacionados con la ruptura de redes eléctricas, y en la noche fue normalizado el servicio en un 70% de las zonas afectadas; quedando pendiente algunos sectores de Siberia, y las veredas: La Laguna, Santa Bárbara, Cidra, Porvenir, Kingos, Esperanza, Oriente, Guáico Alisar, Primavera y Yarumal, del municipio de Caldono

La Empresa informó que continuará trabajando para restablecer el servicio de energía en las zonas afectadas.

Por otra parte, expresó que las fuertes lluvias también afectaron el circuito 2 de Santander de Quilichao, dejando sin servicio de energía al sector de Timba en el municipio de Buenos Aires, de manera parcial, con afectación para 1.365 usuarios.

Así mismo, 955 usuarios del sector El Hato del municipio de Morales, se encuentran sin servicio de energía como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la zona.

Finalmente afirmó que los daños serán superados a más tardar este viernes, «se espera restablecer el servicio de energía en el menor tiempo posible, una vez las condiciones climáticas lo permitan».

Al finalizar el encuentro se informó que las conversaciones iniciarán cuando estén dadas las condiciones para avanzar en la negociación, enmarcada en una petición de 20 mil hectáreas de tierra por parte de las comunidades indígenas, para lo cual piden la presencia de ministros del Interior y Agricultura.

En la reunión se reiteró que el Gobierno Nacional había ofrecido 3 mil hectáreas de tierra y 2 mil millones de pesos para proyectos productivos, lo que los indígenas consideraron como lejano a sus pretensiones.

Mientras tanto, se mantiene la tensión en la región por la situación de orden público en las zonas invadidas por los nativos y en el sector de La Agustina en la vía Panamericana, donde permanentemente se presentan acciones de hecho.

Las conclusiones serán llevadas por la comisión a la Presidencia para lograr sentar a los líderes con los ministros.

Uno de los temas importantes, abordado en la reunión, fue la creación de una comisión humanitaria que evaluará las denuncias de violaciones a los derechos humanos de los indígenas y de la Fuerza Pública, pues según el defensor nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora, hay quejas de agresiones con armas de fuego y elementos contundentes de parte y parte.

El representante de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, dijo que aunque el encuentro fue positivo, hay una distancia muy larga para lograr un acuerdo.

El consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Héctor Dicué, dijo que los funcionarios del Gobierno Nacional fueron invitados a la finca Gualanday, Resguardo Indígena Munchique, en Santander de Quilichao.

La comisión facilitadora también se reunió con los propietarios de los predios afectados por los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las comunidades, en los sectores de Mondomo, La Agustina y Quinamayó. Los ciudadanos reclamaron ayudas para reparar sus viviendas, que han resultado dañadas en desarrollo de los bloqueos de la carretera internacional.

“Lo importante es que estamos construyendo paz, gracias al compromiso del Gobierno Nacional, del Ministerio del Interior, en la búsqueda de espacios para una sana convivencia y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias que habitan en este municipio del Cauca. Esperamos con esta obra ver el beneficio pues sabemos que hay ya varios niños y jóvenes de esta zona que son competitivos a nivel departamental y nacional en el atletismo”, indicó John Diego Parra Tobar, director general de la Corporación Nasa Kiwe.

Por su parte Blanca Alicia Campo, rectora encargada de la Institución Educativa Hato Viejo, sostuvo que en la vereda hay un buen semillero deportivo que pretenden incentivar ahora con la ayuda de este escenario propicio para la práctica de diferentes disciplinas deportivas, el primero con sus características con el que se cuenta en todo el municipio.

“Una infraestructura que era un sueño hace unos años y que hoy se ha hecho realidad, gracias al trabajo y la inversión de Nasa Kiwe, pero también a la voluntad política de la alcaldía y al trabajo comunitario”, puntualizó Blanca Alicia Campo.

El antropólogo y profesor Javier Lozano, dijo que esta es la comunidad históricamente más numerosa de Colombia.

El intercambio resaltó la labor y costumbres de las comunidades de Páez, municipio ubicado en Tierradentro a 130 kilómetros de Popayán.

Lozano dijo que los intercambios son importantes y deben seguirse proyectando en todas las universidades del país, ya que actualmente se vive una aguda crisis en la que priman las tecnologías y los tecnicismos.

En acto presidido por Temístocles Ortega Narváez, gobernador del Cauca, fue entregado terminado y en pleno funcionamiento el puente sobre el Río Páez, construido en un trabajo mancomunado del Ejército Nacional, la Alcaldía de Páez-Belalcázar, la Gobernación del Cauca y las comunidades.

El gobernador caucano destacó el beneficio de la obra como “gigantesco” por las repercusiones sociales, económicas, culturales y ambientales que impactarán positivamente a las comunidades del Resguardo de Avirama y 17 zonas más de Tierradentro.

El puente comunica al sector de Páez-Belalcázar, Inzá, Tierradentro con Mosoco, Silvia y Popayán, señaló Ortega Narváez.

El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez, dijo que espera que en la prontitud se logre un acercamiento entre las partes para solucionar la problemática de tierras.

“Se entregó una propuesta de las comunidades indígenas, ya la tiene el Gobierno. Esperamos que agilicen los trámites para que se sienten el Gobierno Nacional y líderes indígenas para que empiece un diálogo franco y abierto, que permita plantear soluciones a las propuestas que se han presentado”, anotó.

El mandatario informó que por fortuna no se han registrado confrontaciones entre la Fuerza Pública y los nativos en las últimas horas, e indicó que las comunidades indígenas interpusieron una tutela para que no se presenten choques, la cual sería resuelta por un juez en los próximos días.

Seguridad en Semana Santa

Ortega Narváez también se refirió a las medidas de seguridad adoptadas para custodiar la vía Panamericana durante la Semana Santa que se aproxima. “(…) La Policía continúa en los operativos para garantizar la movilidad por esta importante vía, en atención a las dificultades con comunidades indígenas y lo que ha venido ocurriendo con el paro camionero”, concluyó.

Dos meses después de que las Farc declararán el cese al fuego unilateral, un informe publicado esta semana por el Cerac, indica que los ataques a la población civil y contra la fuerza pública se redujeron a cero.

Dos meses después de que las Farc declararan el cese al fuego unilateral, un informe publicado esta semana por el Cerac, indica que los ataques a la población civil y contra la fuerza pública se redujeron a cero.

Esta semana el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, afirmó que los recientes enfrentamientos entre la fuerza pública y las Farc en el Cauca no representan una violación de la tregua unilateral ofrecida por la guerrilla el 20 de diciembre del año pasado, pues, según el Ministro, no se han presentado “emboscadas directas a las tropas o ataques a la infraestructura”.

Sin embargo, los hechos que ocurrieron el pasado lunes 16 de febrero, en la vereda Carpintero, municipio de Caloto, donde la fuerza pública se enfrentó con guerrilleros del sexto frente de las Farc, quedando la población en medio de fuego cruzado, abrió nuevamente la discusión de la necesidad del cese bilateral de la guerra.

De hecho, el próximo miércoles 25 de febrero, la Comisión de Paz del Congreso de la República, organismos internacionales, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, se reunirán en Caloto para hacer un balance del cese al fuego de las Farc, y de paso, exigir al gobierno que el cese de hostilidades sea bilateral.

La presión de las comunidades se puso de ese tamaño, a raíz de las declaraciones que hizo el general del Ejército Jaime Lasprilla, quien señaló, según varios medios de comunicación que: “se han vuelto reiterativos los casos en que comunidades indígenas se oponen a operaciones de las Fuerzas Militares de tal manera que hasta han impedido la captura de guerrilleros, por lo que el oficial pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que se judicialicen a quienes promueven estas situaciones. El caso más reciente, según Lasprilla, ocurrió en zona rural del municipio de Caloto, donde las tropas tuvieron que entregar a un sector de la comunidad indígena cuatro presuntos guerrilleros capturados en medio de combates”.

Estas acusaciones fueron denunciadas públicamente por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), expresando que “se suman a las constantes amenazas que los actores armados hacen a nuestro pueblo. Recordamos que en el norte del Cauca tenemos 259 indígenas amenazados, solamente la semana pasada la gobernadora del Resguardo Indígena de Huellas, Caloto Margarita Hilamo recibió un ultimátum de 72 horas para salir del territorio, con ella: Ilder Meza, Abel Coicué, Luis Carlos Cruz, Ana Deida Secue, José Hilamo, Arcadio Escué, Giovanni Yule y Alicia Acosta fueron declarados objetivo militar por parte de las Águilas Negras”, dice el comunicado.

En medio de esta controversia que ha llevado a las organizaciones sociales a exigir nuevamente el cese bilateral, cabe hacerse dos preguntas: Si las Farc han parado su accionar bélico, ¿Quiénes están matando a los líderes sociales y qué efectos ha tenido el cese unilateral de esta guerrilla en el Cauca?

Las respuestas podrían encontrarse en un informe que publicó esta semana el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), quien afirma que las Farc han cumplido totalmente el cese unilateral en todo el país, y particularmente en departamentos como el Cauca. Según el análisis, el grupo guerrillero no ha realizado ninguna acción ofensiva en contra de la fuerza pública, la infraestructura o la población civil, tal como lo reconoció el pasado martes el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Según este Centro de Investigación, citado durante los últimos días por medios de comunicación nacional, a pesar de que el conflicto sigue vivo está en mínimos históricos de acuerdo con los registros que tiene CERAC desde 1984.

Así las cosas, en estos dos meses se han presentado once combates entre la Fuerza Pública e integrantes de los grupos de conflicto: nueve con las Farc, uno con el ELN y uno con grupos de exparamilitares. En el marco de estos combates cuatro guerrilleros de las Farc han muerto. La Información de la mayoría de estas confrontaciones no es detallada, pero tampoco especifica si se ha presentado iniciativa de alguna de las partes. “Sí existe información de que algunos combates se han dado de manera fortuita por encuentros de la fuerza pública con las Farc”, como ocurrió el pasado lunes en el municipio Caloto.

En estos dos meses, el CERAC también reporta un incremento en los atentados de Los Grupos pos Desmovilización Paramilitar (GPDP), los cuales realizaron quince acciones violentas, dos asesinatos y trece amenazas de tipo político o colectivo en el país. En estos hechos, se registra la muerte de un líder social y un funcionario público del Cauca: el 9 de diciembre de 2014, en la vía que de Popayán conduce al municipio de Puracé fue muerto por sicarios Elkin Darío Mompotes, quien se desempeñaba como presidente de la Empresa Minera Indígena; y el 15 de enero de este año se presentó el asesinato de Emiro Medina Velasco, Jefe de la Oficina Jurídica Municipal de Caloto.

Así las cosas, estas cifras en relación a los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana, las Farc ha logrado, según el informe, “hacer una demostración de capacidad de control que evidencia que es posible reducir su violencia por decisión, haciendo difícil la situación en materia de acciones contrainsurgentes para la Fuerza Pública”.

Así mismo, se concluye que las Farc han reducido en su totalidad los ataques a la población civil y a la infraestructura, y reducido sustancialmente acciones violentas contra objetivos de tipo económico (como buses, camiones y establecimiento de comercio y producción); y además, puntualiza el informe, que la gran mayoría de víctimas y acciones de combate corresponden a eventos del ELN y a víctimas de minas antipersona.

El conflicto en los dos años de negociación en La Habana

Una de las conclusiones generales del reciente estudio del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, es que durante estos dos años de negociaciones con las Farc el conflicto se agudizó. De un lado, se dice que hay un fuerte escalamiento de acciones violentas y más combatientes han caído. Mientras tanto, según el Cerac, se ha reducido sustancialmente la violencia contra la población civil y la infraestructura.

No obstante, estas cifras comparadas con años anteriores a las fases de exploración y negociación entre el gobierno y las Farc, el pico más alto en los últimos 15 años se registró en 2003 cuando las acciones unilaterales de las Farc en el gobierno de Álvaro Uribe ascendieron a más de 850 (Ver gráfico). Tomando como punto de partida ese registro en el gráfico se puede evidenciar dos cosas: que durante ese mismo gobierno las acciones de la guerrilla en todo el país nunca bajaron de 250, y que en el gobierno de Juan Manuel Santos, la curva muestra una tendencia a disminuir, aunque el pico más alto se haya presentado durante las negociaciones, a mediados de 2013, cuando las incursiones unilaterales por parte de las Farc llegaron a más de 500.

Así, por ejemplo, el pico más bajo de ataques de las Farc en los últimos 15 años, se registró al inicio de la etapa de negociación cuando se reportaron cerca de 200 acciones. No obstante, estas nuevamente se fueron incrementando hasta llegar el 20 de diciembre del año pasado a un promedio de 350 ataques por parte de esta guerrilla.

Ahora bien, al comparar las cifras durante la fase de negociación del proceso de paz entre las Farc y el Gobierno Nacional (que inició el 18 de octubre de 2012), se ha evidenciado un aumento sustancial de acciones violentas que crecen un 28%, con respecto de la fase exploratoria (del 6 de septiembre de 2010 al 17 de octubre de 2012).

Según el CERAC, durante esa fase exploratoria las Farc redujeron su actividad: frente al periodo equivalente inmediatamente anterior a esa fase (18 de octubre de 2008 hasta el 25 de enero de 2011) las acciones decayeron un 36% menos. Y reitera el informe: “así, si bien el conflicto sí ha crecido en violencia, en gran parte esto se debe a la relativa calma que tuvo durante la negociación del acuerdo base”.

De todas maneras, Cauca, Antioquia y Nariño, concentran las acciones violentas, y además en estos departamentos, es donde más creció el conflicto. De acuerdo con el informe, mientras que durante la negociación se han presentado 177 acciones en Cauca, 153 en Antioquia y 74 en Nariño, en la fase de exploración se registraron 151 en Cauca, 87 en Nariño y 75 en Antioquía. Asimismo, en la fase de negociación, explica el CERAC, se observa también un aumento significativo de acciones en el departamento del Putumayo (99) ubicándolo en el tercer lugar de los departamentos con mayor número de acciones del conflicto.

Finalmente, durante estos dos meses de cese al fuego unilateral por parte de las Farc, es válido reiterar que según este análisis del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC), no se ha registrado ningún evento violatorio del cese al fuego cuya responsabilidad pueda ser atribuido a este grupo guerrillero.

Y, por último, concluye el informe publicado el jueves pasado, “que la violencia contra la infraestructura y la Fuerza Pública haya arreciado durante la fase de negociación (antes del 20 de diciembre de 2014), explica el deterioro en términos de la percepción de la inseguridad asociada al conflicto, que se ha presentado durante este periodo. Por el contrario, las mejoras en la seguridad para las comunidades y la población civil en general, como producto de una menor actividad de tipo terrorista por parte de las Farc, no ha generado un correspondiente sentimiento de mayor seguridad en la ciudadanía”, a pesar de que en los sectores rurales del Cauca celebren el cese unilateral y exijan el bilateral del fuego.

Luego de cinco horas de bloqueo, en principio por la presencia de la comunidad sobre la vía, después por los enfrentamientos entre indígenas y el Esmad y posteriormente por vehículos con llantas pinchadas, se reactivó sobre las 4:00 de la tarde de este lunes el paso por la vía Panamericana a la altura de La Agustina, en Mondomo.

Tras concluir el operativo, el comandante de la Policía en el Cauca, Coronel Iván Ramiro Pérez confirmó que cuatro uniformados resultaron heridos al ser atacados con papas bombas, las cuales estaban armadas con vidrios, tachuelas entre otros elementos contundentes y que fueron lanzadas con caucheras.

En total fueron atravesadas sobre la vía seis tractomulas, reforzando con piedras y troncos para evitar el tránsito vehicular por vía internacional. Se conoció que las piedras fueron sacadas de muros de contención que hay a lo largo de la vía.

Entre tanto, Eduardo Camayo Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca Cric, aseguró que la organización no convocó a ningún acto de protesta, y que son organizaciones paralelas que no tienen relación con ellos. Agregó que el Cric solo convocó a sus comunidades para festejar con actos culturales, el aniversario 44 de creación de la agremiación nativa, eventos que tienen lugar en el resguardo de La María, Piendamó

A su turno, el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega dijo que el taponamiento de la Panamericana no tiene justificación alguna. Agregó que los diálogos con comunidades indígenas son permanentes y abiertos tanto en su despacho como en el de los ministros.

Los uniformados, según el reporte oficial, fueron trasladados hacia Popayán para ser atendidos.

Según informes de reporteros presentes en la zona, los indígenas han utilizado piedras y otros objetos contundentes; además pincharon las llantas de varias tractomulas que quedaron atravesadas en la vía.

Las razones para que las 20 comunidades indígenas que habitan el norte del departamento hicieran esta movilización que califican de indefinida es la misma de siempre: Pactos con el Gobierno que éste no cumple; falta de tierras y la intervención territorial de problemas como la minería, según los líderes indígenas.

“Estamos hablando de la falta de cumplimiento del acuerdo en el marco de la minga que se realizó en el 2013. Entrega de tierras, cumplimientos de acuerdos 982, masacre del Nilo, ampliación de al menos de 14 resguardos del Cauca. Todos los tiene el gobierno en su agenda, pero no avanza para nada”, comentó Feliciano Valencia.

Por eso esta movilización será permanente, pero escalonada. Es decir, en el caso de los bloqueos de la vía, es posible que se presenten otras, pero el bloqueo no será de todo el día, como lo explica Valencia, “no pretendemos torpedear las actividades. Se hará el levantamiento para que las personas circulen de manera general. Esto es escalonado, no de manera estática”.

En la mesa se hicieron presentes y hablaron varios líderes políticos nacionales y locales. Por eso se destacó la pluralidad de voces. Foto: Suministrada.

El segundo informe del Frente Amplio para la Paz sobre la situación del proceso de los diálogos, fue presentado en el corregimiento de El Palo, Caloto, norte del Cauca. En él, los miembros de esta organización, expresaron que el cese unilateral al fuego de las Farc se ha cumplido en un 100%; contrario a lo que se ha venido asegurando a nivel nacional.

La contrariedad se da, según el senador de la República, Iván Cepeda, uno de los miembros del Frente Amplio, “porque no se ha realizado una aclaración: Una cosa es cese al fuego y otra un cese de hostilidades. Lo primero es no realizar acciones contra infraestructura, Fuerzas Militares y poblaciones; en esto es que se ha cumplido. Ahora, eso no significa que las Farc hayan dejado todo su accionar”.

Para el Senador, el cumplimiento de la guerrilla de hecho lo narraron algunos voceros de las comunidades en la reunión. “Por eso el pedido para el Gobierno Nacional es que en aras de un cese al fuego definitivo, se reduzca las acciones militares”, concluyó Iván Cepeda.

En la reunión también se hizo presente el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, quien en diálogo con El Nuevo Liberal expresó que si bien el cese unilateral de las Farc ha sido beneficioso, no es suficiente en la búsqueda de la paz y que existen otros focos de violencia.

“Creo que es importante señalar que en un proceso como este, hay grupos que están en contra, porque están ganando dinero o poder político con el conflicto armado. Por eso quizá las amenazas y asesinatos contra activistas defensores de los Derechos Humanos en los últimos meses”, expresó el líder diplomático.

Por eso comentó que Naciones Unidas está en un proceso de recolección de información para analizar esta situación que se presenta en el norte del departamento.

“Hay que hacer una claridad. Un proceso de paz tiene varias etapas, en el colombiano apenas estamos en la primera; de ahí hay que conseguir un acuerdo, después hay que implementarlo. Por eso estamos lejos de la solución”, concluyó Howland.

El taponamieno de la carretera se desmontó sobre las 6:30 de la tarde cuando los conductores volvieron a estacionar sus vías en la vera de la vía permitiendo el normal tránsito en ambos carriles.

De esta forma, los transportadores presionan para exigir al Gobierno que intervenga en el Sistema de Información de Costos Eficientes (Sice), y modifique la política de libertad vigilada, pues afirman que ha perjudicado al sector, debido a que el pago de fletes con este mecanismo no ha sido efectivo y no alcanza a cubrir los costos operativos.

Frente al costo de los combustibles, los transportadores piden que se disminuya el precio en 700 pesos adicionales a la rebaja de 300 pesos que efectuó el Gobierno para marzo.

Los transportadores también le han solicitado al Gobierno que declare esta actividad como de alto riesgo, con el fin de que puedan acceder a una pensión a los 20 años de servicio.

El martes pasado los líderes del paro se reunieron con el Gobierno por más de ocho horas sin llegar a acuerdos.

Esta situación se presenta en el sector de La Agustina, la misma zona donde el martes se taponó el carreteable internacional por más de cinco horas.

Unidades del escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional han tenido que intervenir para replegar a los manifestantes hasta las zonas altas adyacentes a la carretera.

Asimismo, conductores que hacen uso de la vía, ya sea hacia el norte o hacia el sur, reportan que han sido atacados con piedras lanzadas desde puntos altos ubicados en la vera de la Panamericana, en inmediaciones del punto donde se presentan los bloqueos.

Se vivió un capítulo más de la confrontación entre efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía e integrantes de las comunidades indígenas.

Según la versión de conductores que transitaban por la vía Panamericana en las primeras horas de ayer, un grupo de personas que acompañaban la movilización indígena bloquearon el paso por esta importante carrera en el sector de Quinamayó, Santander de Quilichao, para después prenderle candela a una buseta perteneciente a la línea Eco de Expreso Palmira y de pinchar otro automotor de servicio público, situaciones que se registraron cuando los airados indignados obligaron a descender a los ocupantes de ambos pasajeros.

Frente a esta situación, y de manera rápida, efectivos de dicho grupo especial de la Policía arribó al sitio del bloqueo para después entrar en confrontación con los vándalos y los indígenas que protestaban en el sitio. El objetivo de la Fuerza Pública era retirar a estas personas de la vía con el fin de que los bomberos de Santander de Quilichao controlaran las llamas que consumía el automotor de servicio público.

Por eso, se vivió una escena de lluvia de piedras, palos y otros objetos contundentes por varios minutos porque los policías, cumpliendo la orden de desbloquear esta carretera internacional, entraron pisando duro y lanzando gases lacrimógenos y pimienta a diestra y siniestra.

Tras la pelea, y controlada situación por parte de las autoridades, los integrantes de los bomberos entraron en escena para controlar la conflagración Realizado esto último, pasaron luego de refrigerar la carrocería afectada por el fuego. Luego, y recurriendo a una grúa, los policías de la Seccional de Tránsito y Transporte retiraron el vehículo destruido y el bus pinchado, todo con el fin de res establecer el paso por esta corredor vial. La Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, Acin, rechazó estos actos violentos.

Mientras tanto, en Caloto también se presentaron enfrentamientos entre aborígenes y Fuerza Pública.

Aunque la zona central del Cauca tiene aptitudes para la agricultura, esta zona es considerada de “baja fertilidad”. / Elaboración: El Nuevo Liberal – Fuente: IGAC.

Las tensiones sociales que han tenido lugar en los últimos días en el norte del Cauca debido a la petición de 20 mil hectáreas de tierra que hacen los indígenas de esta zona, reabren el interrogante para preguntarse sobre el efecto económico de la tenencia y la explotación de la tierra en el departamento.

En la última década, el producto agrícola del Cauca ha experimentado un crecimiento en promedio del 2,16% de acuerdo con el reporte de Producto Interno Bruto (PIB) departamental del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Asimismo, durante este periodo –entre el 2004 y el 2014- de acuerdo con las estadísticas del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el Gobierno Nacional ha hecho entrega de un poco más de 17 mil hectáreas a 8.759 familias.

En uno de los años en que más se entregaron tierras, el 2009 (3.120 hectáreas) fue en los que se notó una disminución significativa de más del 20% en el producto agrícola del departamento, al pasar de los $740 mil millones a los $583 mil millones. Mientras que en el 2011, que se entregaron 4.541 hectáreas este producto creció apenas en el 2,09%.

De igual manera, la participación de la producción agrícola en el total de PIB departamento disminuyó en casi el 3% a partir del 2009. Entre el 2004 y el 2008, el promedio de participación era del 14,2%, mientras que el 2009 y el 2013 fue del 9,8%. Por su parte, el PIB industrial del departamento tiene una participación media del 16,7 por ciento aproximadamente.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico del departamento del Cauca, Aníbal Melo Martínez, se refirió a la relación que tiene disminución de la producción agrícola con la entrega de tierras por parte del Gobierno Nacional a los indígenas porque “no hay conciencia de inversión de querer hacer las cosas que son productivas. Yo recuerdo que tierras que eran con grandes extensiones en ganado y prácticamente ahora ya no están, han desplazado a la gente que hacía inversiones importantes para poder trasladárselas a ellos”.

Para Juan Manuel Paz, profesor de la Universidad del Cauca con experiencia y conocimiento en el tema de tenencia de tierras en el Cauca, si bien la tenencia de tierras “es una forma de poder y los indígenas lo tienen”, lo que se debe analizar es el área disponible para la producción agrícola y pecuaria, es decir hay que descontar lo que son bosques, páramos, tierras seriales y “cuando uno va a ver lo que tienen los indígenas es muy poco”.

De acuerdo con la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Cauca es un departamento que cuenta con suelos en casi todos los pisos térmicos: de variadas fertilidades y profundidades, y con diversas vocaciones para su uso.

En su mayoría, según el IGAC, los suelos del departamento están clasificados como de “de baja fertilidad” y de “muy baja fertilidad”. De los más de 3 millones de hectáreas que tiene de superficie el departamento, cerca del 32% tienen fertilidades “bajas” y un 25 % muestran fertilidades “muy bajas”; mientras que menos del 3% tiene una fertilidad alta.

Aunque la zona central del Cauca tiene aptitudes para la agricultura, esta zona es considerada de “baja fertilidad”.

Paradójicamente, en los suelos del norte del Cauca que son considerados de “alta” y “moderada fertilidad” por ser tierras planas, se ha notado la reducción de dicha fertilidad por la siembra de monocultivos como el de la caña de azúcar y el del pino.

Según el estudio de la Pontificia Universidad Javeriana en convenio con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), Análisis de la posesión territorial y situación interétnica e intercultural en el departamento del Cauca, esto se ha dado gracias a factores como la acidez que adopta la tierra con el cultivo de algunos productos, a lo que se suman los múltiples químicos que son utilizados para las fumigaciones de éstos.

“Tanto el café como la caña, se explotan de forma tradicional en el Cauca afectando la productividad”, afirmó al respecto, el profesor Paz.

Sin embargo, a pesar de la gran diversidad de sus suelos, gran parte del departamento no tiene vocación productiva.

Un poco más del 30 por ciento son suelos que deberían destinarse a la “conservación” y más del 20 por ciento a la producción y protección forestal. Lo que indica que más de la mitad de los suelos del Cauca tienen limitantes productivos sin tener en cuenta restricciones adicionales como la falta de infraestructura (por ejemplo, carreteras pavimentadas en las zonas de vocación agrícola).

No obstante, el departamento tiene experiencias que mostrar en torno a la productividad que han tenido algunos de los terrenos que fueron entregados a las comunidades ancestrales, en las que han combinado su cultura de protección de la “madre tierra” con el uso de tecnologías de producción.

“Hay experiencias valiosas de productores indígenas haciendo trabajos interesantes en caficultura orgánica. Por ejemplo, en Tierradentro donde sin salirse de su cultura y de sus principios culturales en el tema agronómico logran hacer un aprovechamiento racional en el tema de suelos y recursos naturales”, expresó Mauro Alegría, coordinador de la Corporación Colombiana Internacional para el departamento del Cauca, al tiempo que se refirió a la producción de cultivos de alto valor comercial que incluso han generado su propia cadena de exportación.

De acuerdo con Feliciano Valencia, uno de los líderes de la movilización indígena de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), la mayoría de los cabildos tienen desarrollada una microempresa: “por ejemplo, en Toribío ya hay industrialización de la pulpa de fruta, de lácteos de piscicultura, de producción de agua natural”.

En este sentido, Valencia explicó que el interés de las comunidades ancestrales al solicitar los territorios “que les pertenecen” es asegurar la alimentación de los indígenas del norte del Cauca –que son aproximadamente 100 mil– y vender los excedentes al resto del departamento y país.

“Tenemos una idea muy bien elaborada desde hace muchos años en términos de la producción para el consumo de la gente, mejorar la nutrición alimentaria, mejorar la salud, y venta de excedentes. La idea es que esa producción surta la galería del resto de municipios, y hayan ejercicios de transformación respecto de la producción que vayamos teniendo”, dijo el líder de la ACIN, quien agregó que la pretensión de las comunidades indígenas son 20 mil hectáreas de tierra y la propuesta de entrega es que sean 5 mil cada año.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico del departamento del Cauca explicó que la propuesta del Gobierno Nacional es “adquisición de tierras pero de una vez con el proyecto productivo”, para aprovechar la vocación de los suelos de terrenos planos. “Yo pienso que debe ser muy rentable su producción, eso tiene que demostrarlo, por ello se exigen unos proyectos muy bien formulados que demuestren que realmente la actividad que se va a desarrollar es rentable” dijo Melo.

Por su parte, Alegría dijo que hay muchas experiencias que demuestran que los indígenas pueden poner a producir la tierra lo necesario es que “hay que hacerles un proceso de acompañamiento con apoyo al financiamiento para desarrollar sus ideas” y así combinar los conocimientos productivos con el cuidado del medio ambiente y nuevas tecnologías de producción.

Cifras caucanas de contexto

Según el censo poblacional del 2005, la población del Cauca tiene aproximadamente 1.346.932 habitantes, de los cuales el 20,5% son indígenas, 21% afrodescendiente y el 58,5% mestizos.

Según el INCODER hay 46 resguardos con vocación productiva en alrededor de 382 mil hectáreas, de las cuales sólo el 28,2% es útil para el desarrollo de actividades agrícolas.

El área total del departamento es de 3.089.755 hectáreas, y su economía se compone así: el 50% actividades agropecuarias, 35% servicios, 14% industriales y el 1% mineras.

La opinión

Feliciano Valencia

“No queremos que el gobierno nos ofrezca tierras en otras partes del país… queremos la tierra en las que estamos en este momento, primero porque son de nuestros ancestros (de los abuelos de las personas que fueron desplazadas de las montañas); y segundo, porque esas tierras vienen siendo agredidas por la industria cañera. Estos son los dos argumentos fuertes que nosotros planteamos respecto a la tierra plana donde están haciendo presencia las comunidades indígenas”: Feliciano Valencia, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

Mauro Alegría

“En el Cauca debemos de caber todos. Seguramente los indígenas tienen aspiraciones legítimas, pero también sociedad privada empresarial, los afros y los campesinos también tienen necesidad. Lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos, en los que podamos trabajar de manera armónica para sacar adelante este departamento sin afectar unos los intereses de otros”: Mauro Alegría, coordinador de la Corporación Colombiana Internacional.

Aníbal Melo

“Ellos (los indígenas) manifiestan que requieren tierras planas para desarrollar alguna actividad del sector agropecuario. A mí me parece lógico la posición del gobierno… pues ahí está dándoles tierra y aparte de eso les están diciendo tengan realicen actividades conducentes a producir alimentos que es lo que se requiere en el Cauca, Colombia y el mundo”: Aníbal Melo Martínez, secretario de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico del Departamento del Cauca.

Juan Manuel Paz

“Nada se logra con darle tierra a la gente sino le mantienen los mismos medios productivos”: Juan Manuel Paz, profesor de la Universidad del Cauca.

La información la dio el consejero de la Acin, Héctor Fabio Dicué, quien comentó en diálogo con El Nuevo Liberal, que ahora le pedirán al Gobierno Nacional que venga al Cauca para crear la mesa de concertación.

“Nosotros estamos preocupados por la seguridad de los comuneros. No podemos estar dialogando mientras acá exista violencia. Por eso le decimos al gobierno que venga al Cauca, que si tienen reparos en la seguridad, nosotros con la guardia indígena se la brindamos”, explicó el Consejo de la Acin.

El hecho que frenó el acercamiento entre las partes se presentó en la finca Miraflores, en el corregimiento Quebrada Seca, del municipio de Corinto. Al parecer un vigilante de uno de los ingenios habría disparado una de sus armas hiriendo a Jimmy Cuetia, de 27 años de edad, en uno de sus hombros. La herida no fue de gravedad, pero sí tuvo que ser atendido en un centro asistencial.

Sobre este mismo incidente, El Nuevo Liberal conoció una versión sobre sus causas; ella se indica que se presentó cuando un grupo de indígenas se disponía a quemar un vehículo del mencionado ingenio, lo que generó la reacción de los guardas de seguridad del mencionado ingenio.

Así las cosas, la nueva condición de los indígenas es que el gobierno debe garantizar la seguridad de las comunidades, “la semana pasada hubo camiones de hombres de civil armados que llegaron a la zona; esto, con las amenazas que tenemos, pues genera más desconfianza y más inseguridad”, explicó Héctor Fabio Dicué.

De todos modos, las puertas al diálogo no están cerradas y se espera cuál será el paso que se dará desde el Estado, para así terminar con una movilización que ya va para los tres meses y que ha dejado a cerca de 73 comuneros heridos y otros tanto en la Policía.

“Lo importante es que estamos construyendo paz, gracias al compromiso del Gobierno Nacional, del Ministerio del Interior, en la búsqueda de espacios para una sana convivencia y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias que habitan en este municipio del Cauca. Esperamos con esta obra ver el beneficio pues sabemos que hay ya varios niños y jóvenes de esta zona que son competitivos a nivel departamental y nacional en el atletismo”, dijo el director general de la Corporación, John Diego Parra Tobar, quien participó de los actos inaugurales convocados por la comunidad educativa de Hato Viejo.

Por su parte la rectora encargada de la Institución Educativa, Blanca Alicia Campo, indicó que en la vereda hay un buen semillero deportivo que pretenden incentivar ahora con la ayuda de este escenario propicio para la práctica de diferentes disciplinas deportivas, el primero con sus características con el que se cuenta en todo el municipio.

“Una infraestructura que era un sueño hace unos años y que hoy se ha hecho realidad, gracias al trabajo y la inversión de Nasa Kiwe, pero también a la voluntad política de la alcaldía y al trabajo comunitario”, afirmó.

El Ministro reiteró que respeta la protesta social y que hasta la fecha el gobierno nacional ha cumplido con los acuerdos “pero el gobierno no puede aceptar que se bloqueen las vías o que se invada propiedad privada”.

El inicio en firme de las conversaciones se dará cuando estén dadas las condiciones para avanzar en la negociación, enmarcada en una petición de 20.000 hectáreas, hecha por las comunidades indígenas, que requiere la aprobación de altos funcionarios del gobierno nacional y del presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón.

En la reunión de Santander de Quilichao, ayer, se confirmó el ofrecimiento del gobierno nacional, de tres mil hectáreas y dos mil millones de pesos para insumos, con destino a desarrollo productivo, lo cual a consideración de los negociadores indígenas “está muy lejos” de sus pretensiones.

Aunque la mesa de seguimiento fue levantada, se hizo de acuerdo entre las partes, para continuar el próximo lunes con la presencia de los ministros del Interior y de Agricultura, y otros altos funcionarios del Gobierno nacional, que vengan investidos de poder de decisión, trascendió.

En el entretanto, la situación de orden público y de tranquilidad vial se mantendrá normalizada, pero continuará la expectativa de ocupación indígena, de por lo menos siete predios privados que hacen parte de las 20 mil hectáreas exigidas como parte de la “recuperación de la madre tierra”.

Afectados por el conflicto

El Gobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez, se reunió con las familias propietarias de los predios afectados por los enfrentamientos entre la fuerza pública y las comunidades indígenas en los sectores de Mondomo, La Agustina y Quinamayó, que reclaman ayudas para la reparación de sus viviendas, averiadas en desarrollo de los continuos bloqueos a la vía Panamericana.

Un llamado urgente hizo el mandatario de los caucanos para que cesen las hostilidades y se frene el vandalismo que perjudica a todos, dijo.

El defensor nacional del pueblo, Jorge Armando Otálora y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Todd Howland, en la reunión en Santander de Quilichao. Foto: Defensoría del Pueblo.

El defensor nacional del pueblo, Jorge Armando Otálora y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Todd Howland, en la reunión en Santander de Quilichao. Foto: Defensoría del Pueblo.

La comisión mediadora entre la comunidad indígena y el gobierno, conformada por el Defensor Nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora; el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Todd Howland, líderes indígenas y otras autoridades locales, lograron una nueva tregua que irá hasta el próximo lunes.

Sin embargo, las principales conclusiones se lograron en el avance de la conformación de la mesa de diálogo. Por ejemplo, se pactó la conformación de una Comisión Humanitaria, que será liderada por la Defensoría Nacional del Pueblo, para hacerle seguimiento a las violaciones de los derechos humanos que se han presentado de parte y parte.

Esta ha sido una de las principales preocupaciones de la Defensoría del Pueblo, que ha manifestado en varias ocasiones que esto a cambio de encaminar a una solución del conflicto, lo agrava. “La comisión tendrá la función de verificar las denuncias sobre atropellos contra indígenas, policías y ciudadanos que nada tienen que ver, pero que se han visto afectados durante los enfrentamientos y desórdenes registrados en el norte de ese departamento”, comentó Jorge Armando Otálora.

Pero también, según las autoridades indígenas, se propuso que para el próximo lunes 16 de marzo los representantes del gobierno nacional, los ministros del interior y de agricultura, vengan al Cauca en una zona cercana al municipio de Santander de Quilichao y se genere la primera reunión entre las partes.

Los representantes del gobierno deberán tener poder de decisión para saber si pueden lograr acercar las dos propuestas que, por la parte de los indígenas asciende a un reclamo de 20 mil hectáreas, mientras que el gobierno ha ofrecido tres mil hectáreas y dos mil millones de pesos para insumos.

Por esta razón, si bien son buenas noticias los acercamientos, aún hacen falta gestos que desemboquen en una solución que frene la movilización actual. Mientras tanto, hasta el lunes no habrá bloqueos; pero sí se seguirá la ocupación de los predios donde ahora siguen las comunidades indígenas del norte del departamento.

De todos modos, se espera que el ambiente de diálogo y de tranquilidad logrado, no se rompa en el transcurso de la semana. Además, la Defensoría del Pueblo se reunirá con el gobierno para presentar el informe de este acercamiento.

Cerca de $5 mil millones de pesos, fue el costo del puente metálico que espera desembotellar una importante zona de Inzá, Cauca. Esta obra se realizó en acompañamiento con varias instituciones del Estado, entre ellas el Ejército Nacional, La Gobernación del Cauca, con el apoyo de la corporación Nasa Kiwe, entre otras organizaciones.

El puente comunica al resguardo Avirama con Belalcázar, Cauca, y era una necesidad del municipio que estaban solicitando las autoridades locales desde el 2008, después de que la avalancha del río Páez se llevara esta importante infraestructura.

“Fue toda una lucha lograr que el Ministerio de Defensa y las demás autoridades reconocieran la importancia de esta obra, pero lo importante es que hoy ya la tenemos para el beneficio de la comunidad”, comentó Samuel Tumbo, alcalde municipal de Inzá.

Con esta obra se espera mejorar la situación de la agricultura de este municipio del oriente caucano; además del tránsito que se había visto interrumpido desde hace seis años.

El fin de este encuentro fue establecer una ruta que permita avanzar en la solución de los problemas y reclamos de tierras que se siguen presentando en el Cauca, en los últimos meses en el norte del departamento y que ha despertado diferentes pronunciamientos.

Uno de los temas principales debatidos en la reunión fue un pacto para evitar que se sigan presentando las vías de hecho. Por eso la comunidad indígena que sigue en asamblea permanente decidió desalojar el predio La Agustina, con el ánimo de mostrar su voluntad de iniciar una mesa de diálogos.

Se espera que lo que se habló en el Ministerio del Interior sea socializado con los líderes indígenas que persisten en la movilización. Mientras tanto Juan Fernando Cristo expresó que el Gobierno reitera el apoyo a las comunidades para mantener diálogos constructivos.

Por otro lado, el representante del alto gobierno expresó que se están en marcha operativos para dar con las personas y organizaciones que están amenazando a los defensores de derechos humanos en el país. Cabe recordar que en el Cauca existen varias denuncias que están a la espera de una respuesta del Estado.

·         Convenio por $8.500 millones firma Gobernador con la ONU y Agencia de Cooperación Española para el postconflicto.

Un proyecto de Cooperación Internacional por valor de ocho mil 500 millones de pesos, fue puesto en marcha mediante convenio con la Organización de las Naciones Unidas y España para impulsar y potenciar los cultivos de Quinua y Café, en los municipios de Totoró, Almaguer, San Sebastián y Bolívar, en acto presidido por el Gobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez, en el auditorio del Colegio Mayor en Popayán.

El convenio en el que participan el Ministerio de Agricultura y la Gobernación Departamental beneficiará a más de mil familias campesinas dedicadas a estos cultivos, que recibirán el acompañamiento y orientación técnica de la Secretaría de Agricultura, “para mejorar cada vez más la producción y crear liderazgos locales y regionales, en territorios que se preparan para el postconflicto”, señaló el mandatario de los caucanos.

Precisó que los municipios para desarrollar este convenio de cooperación internacional fueron escogidos teniendo en cuenta sus bajos indicadores de desarrollo humano, especialmente en materia de seguridad alimentaria y nutrición.

Destacó el aporte de la cooperación internacional, especialmente de la ONU y sus cuatro agencias especializadas en desarrollo agropecuario en las Américas, toda vez que el convenio se enmarca dentro del desarrollo sostenible y que busca minimizar los índices de pobreza, generar empleo campesino y aumentar el circulante en las regiones, entre otros aspectos, indicó.

Es muy importante la vinculación de la Cooperación Internacional Americana y Europea en torno a los preparativos para el postconflicto, sobre todo en el Cauca, que es el Departamento más golpeado por el conflicto armado en el país.

“Este convenio, firmado en Nueva York, entre representantes de las Naciones Unidas y de la Cooperación Española es un referente, es un proyecto piloto, que será llevado próximamente a otros departamentos del país, y que será ejecutado de inmediato en los cuatro municipios del Cauca, señaló el mandatario.

Según el Ejército, los combates se presentaron cuando guerrilleros del sexto frente Hernando González Acosta de las Farc, pretendían atacar a las tropas que operan en la zona.

En el combate, que se prolongó durante dos horas, resultó herido el soldado profesional Juan Camilo Castillo Rubiano, quien falleció cuando era evacuado a un hospital.

Posteriormente, las autoridades encontraron un fusil calibre 5.56 milímetros, cuatro proveedores, municiones y granadas de mano que habrían sido abandonadas por los insurgentes.

Según el comandante de la Unidad Militar, general Wilson Cabra, inteligencia técnica, rastros encontrados y versiones de la comunidad dan cuenta de la afectación en heridos y muertos a los guerrilleros.