Bitacora de prensa Noviembre a Diciembre de 2014 (Fuente: Medios de Comunicación)

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Los límites no son claros, según explicó Ibagón, por esta razón se invitó al director del Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), a un representante de la Comisión de Ordenamiento Territorial, de la Comisión de Asuntos limítrofes y a representante del Gobierno Departamental, la alcaldesa de La Plata y otros funcionarios de la región.

Lo cierto fue que los servidores públicos  del gobierno departamental asistieron. La alcaldesa de La Plata no llegó a la cita y los funcionarios del orden nacional junto a los congresistas del Huila, que también estaban invitados, no llegaron. Ante esto Ibagón solicitó seguir el debate y dignificar el esfuerzo de muchos habitantes de este sector en disputa que con esfuerzo había llegado hasta la Asamblea, pero 10 diputados votaron en contra de esta proposición y sólo el diputado Carlos Alirio Esquivel apoyó la idea de seguir el debate convocado por Ibagón.

Se esperó dos horas y media, es decir, a las 11:30 volvieron a convocar para el debate pero no se realizó pues Ibagón, tal y como lo advirtió antes de salir del recinto, no volvería a seguir con el debate, no sin antes advertir “me voy triste con que la Asamblea y la misma bancada Liberal me hayan cercenado este debate”.

“Lo evitaron hasta de una forma simpática. No vino el del Igac y si no vinieron los congresistas del Huila, pues es lógico que no van a venir en una hora. Esa es una forma simpática de coartar la posibilidad de hacer un debate de interés para todo el Huila. Aquí lo que veníamos a decir es que el Cauca quiere legalizar el despojo que ha hecho de Moscopán-Leticia. Nos quieren quitar sitios turísticos. San Rafael, las termales de San Juan, y aquí no hacemos nada. Nos quiere quitar también el Nevado del Huila, nos lo van a quitar, porque la administración no ha estado atenta a actuar, a poner unos abogados, unos cartógrafos, unos historiadores para preparar la defensa ante el Congreso de la República. El Cauca reclama estos sectores basados en que la Ley no concuerda con la geografía. Queríamos demostrar que la ley existente no ha sido modificada”, afirmó Ibagón.

Raúl Rivera, diputado de La U,  dijo que él no había hecho nada distinto que reclamar la dignidad de la Asamblea “porque son recurrentes los funcionarios evadiendo la responsabilidad de venir y rendir cuentas al pueblo de lo que se le pregunta en el marco del control político. Que en virtud de que no se encuentra presente la Comisión de Ordenamiento Territorial que le compete de abordar el asunto, la Comisión de Asuntos limítrofes y el Instituto Agustín Codazzi, quien tiene la obligación de definir si los límites están bien o no están bien, he dicho yo que estos funcionarios o estas comisiones están evadiendo la responsabilidad constitucional y legal de asumir una responsabilidad en la Asamblea”.

Por su parte el diputado Carlos Alirio Esquivel (Conservador), afirmó que “a mí me parece que los diputados que se opusieron al debate se equivocaron. Parece que no les doliera el Huila porque ya sabíamos que los funcionarios del alto gobierno, si quería venían o no, todos los funcionarios que dependen del departamento están aquí y me parece que fue una equivocación de las personas que obstaculizaron que el honorable diputado, Orlando Ibagón (Liberal), hiciera el debate del litigio en donde al parecer el departamento del Cauca quiere quitarle al Huila”.

Por su parte Yílber Saavedra, director de Asamblea Visible,  sostuvo que “la medida que ha tomado la Asamblea hoy de llamar los entes de control y solicitar suspender sus labores para esperar la presencia de los funcionarios me parece importante en el sentido que genera un carácter en la Duma Departamental. En reiteradas ocasiones los debates han sido aplazados o simplemente se hacen sin la presencia de los citantes. Unos funcionarios que fácilmente no tienen ningún tipo de conclusiones. Hoy por hoy este tipo de conclusiones deben darse”, dijo.

Aunque el departamento del Huila lleva 109 años de vida administrativa, aún los límites no están definidos. Al menos así quedó claro esta semana en la Asamblea, luego de que el diputado Orlando Ibagón (Liberal) advirtiera de la eterna disputa de 44 mil hectáreas con el vecino departamento del Cauca.

En la práctica los habitantes de este sector, se sienten más caucanos que huilenses pero por cuestiones políticas dependen del Huila aunque paradójicamente pagan impuestos al vecino departamento.

Los caucanos dicen que la Ley no concuerda con la geografía y que por lo tanto Leticia-Moscopán (La Plata), en el occidente del Huila –con una extensión de 44 mil hectáreas- pertenece a ellos y no a los huilenses.

Para el diputado Ibagón acá no hay nada en duda, “todo está claro”, afirma, al tiempo que dice que la Ley del 18 de abril de 1826 fue clara en señalar los límites y que atenidos a esto, el territorio en cuestión es huilense. “La ley estableció como línea divisoria el ramo central de la cordillera de Los Andes intermedio entre los ríos Magdalena y Cauca”.

En concordancia con esto la Ley del 14 de mayo de 1857, referente a la falta de linderos entre el nacimiento verdadero de la Quebrada de Topa y el ramo central de la cordillera de Los Andes (sector Santa Leticia-Moscopán) define los límites. No bastando con esto, es necesario recalcar que el Código Político y Municipal de 1858 del Estado Federal de Cundinamarca describe el límite con el Estado Federal del Cauca, así: “La Cumbre de la Cordillera Central hasta el origen del Rio Negro de Narváez por este abajo hasta la boca de la Quebrada Arepa; de allí por las Cumbre de las vertientes orientales a dar a la confluencia de la Quebrada de Pie de Topa con el Páez; por esta Quebrada hasta su origen; siguiendo luego la cumbre que divide las aguas del Rio Ullucos de las del río La Plata hasta volver a la cumbre principal de la Cordillera Central”.

Lo que perdería el Huila

El departamento no solo perdería una porción considerable de territorio, sino que dejaría de tener un atractivo ecológico y turístico, aún desconocido por los mismos huilenses.

Aunado a esto se perdería la laguna de San Rafael, las termales de San Juan, parte del Páramo del Puracé y otros destacados sitios.

Para el Huila, es indispensable que este territorio, no solo por lo que significa su potencial turístico sino por lo que representa la tributación de sus habitantes. Sin embargo, esta semana no solamente hubo indiferencia por parte de la gran mayoría de los diputados sino por los congresistas del Huila.

Lo que sucedió fue que el asambleísta Ibagón citó a la alcaldesa de La Plata, funcionarios del gabinete departamental, congresistas del Huila y funcionarios del nivel nacional competentes al tema. Sin embargo, solo los funcionarios del departamento se mostraron dispuestos, salvo la mandataria de La Plata que no concurrió a la cita en la Asamblea en Neiva, ni los congresistas.

Ante esto Ibagón dijo que se debía hacer el debate, sin embargo,  el diputado Raúl Rivera Cortes propuso postergarlo dos horas, con el fin de dar espera a que llegaran los funcionarios. Ibagón reiteró que no iban a llegar y que esa era una forma de dilatar y evitar que se hiciera el debate, razón por la cual prefirió retirarse de la Asamblea, no sin antes votar a favor de que se hiciera el control político. Sólo fue apoyado por el diputado conservador Carlos Alirio Esquivel.

Indignado ante lo sucedido, Ibagón le dejó una constancia al Gobernador, Carlos Mauricio Iriarte, donde le advertía, entre otras cosas, que “el gobierno del Cauca quiere legalizar el despojo que su clase dirigente ha promovido desde hace muchos años en Santa Leticia-Moscopán con sus inversiones en pavimentación de vías, servicios de electrificación, salud, acueducto, saneamiento básico y haciendo depender administrativamente el municipio de Puracé-Cauca”.

Para el diputado Carlos Alirio Esquivel, por su parte afirmó: “me parece que el debate hay que hacerlo, creo que fallamos en no hacer el debate porque nos puede pasar lo que le pasó a Colombia con Nicaragua, y si no nos alertamos podríamos perder nuestro Nevado del Huila, parte del páramo que nos pertenece, y desde luego 44 mil hectáreas que es un territorio supremamente importante para el departamento del Huila”, dijo.

La famosa huilensidad

Para Ibagón la mano del ejecutivo huilense no ha llegado. El gobernador se comprometió y fue el primero en 40 años en visitar esta región. “La señora alcaldesa de La Plata no quería entregar el puesto de salud. Menos mal entregó un edificio para que preste la salud a 8000 habitantes de ese sector”, recalcó.

“Yo acá lo que veo es claro, la Asamblea no quiere al Huila. Uno hace un debate para defender al Huila y parece que los diputados del Huila parecen diputados del Cauca”, dijo Ibagón al tiempo que se refirió a la bancada Liberal de la Duma que le dio la espalda en el debate.

“Que la doctora Migdonia- Liberal- haya tomado la iniciativa tratando de dilatar y torpedear eso, es natural en ella, pero yo no le pongo atención a eso porque sabemos que esa es la actitud de ella pero de los otros también. Raúl tratando de ser el diputado visible y tratando de torpedear,  de no dejar hacer los debates a las demás personas. Para que como que digan, no, él solamente es el que hace los debates… sería un horror, una vergüenza que perdamos estos territorios”, afirmó Ibagón.

“Hay celos, porque quieren salir elegidos diputados visibles. Yo creo legítimas las aspiraciones pero no cercenen la posibilidad. Llevo cinco meses preparándome, pidiendo documentación, al gobierno nacional, yendo al sitio a hablar con historiadores, a darme cuenta de la problemática y entonces me parece injusto que la Asamblea haya tomado la determinación de dilatar ese día el debate, dizque esperando a los funcionarios que nosotros citamos”, recalcó.

Por su parte el asambleísta Esquivel solo pidió que “recordemos que el Cauca tiene más poder político en el orden nacional, y lo que tenemos hay que protegerlo, por esa toda la sociedad huilense debemos estar alerta ante este inminente peligro de perder nuestro territorio. Dentro de los anaqueles y el mapa eso pertenece al Huila”.

La presencia caucana en el lugar

Con la creación del Territorio de Guanacas en 1847 se inicia una presencia no solo administrativa si no comercial, ganadera y agrícola desde el Departamento del Cauca a dicha región y a sus zonas aledañas (hoy motivo de diferendo).

Cuando el Gobierno Nacional dispone la construcción de la carretera Popayán – La Plata, surge presencia masiva y definitiva de trabajadores y colonos caucanos en Santa Leticia, Belén y Gallego.

Agencia EFE | 9 de Noviembre de 2014

Bogotá, 9 nov (EFE).- Décadas de cárcel y latigazos fueron la condena decretada hoy por los indígenas contra los siete guerrilleros de las FARC que asesinaron hace cinco días a dos miembros de la comunidad Nasa en el suroeste de Colombia.

Reunidos en asamblea, unos 2.000 indígenas de esta comunidad votaron a mano alzada sobre las penas destinadas a corregir la “desarmonía” (delito según la comunidad occidental) causada por el doble crimen, según pudo constatar Efe.

Los hechos involucraron a siete guerrilleros, dos de ellos menores de edad, que dispararon contra los dos Nasa, miembros de la Guardia Indígena, un organismo que vela por la protección de los espacios y los derechos de esta comunidad. Los Nasa acordaron penas distintas para los mayores y los menores de edad, que variaron también en función de la responsabilidad de cada implicado. Así, el guerrillero autor material de ambos crímenes recibirá 60 años de prisión, en tanto que los cuatro adultos que le acompañaban fueron condenados a 40 años de cárcel cada uno.

El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias Arias, dijo a Efe que las penas se cumplirán en la cárcel San Isidro de Popayán, capital del departamento del Cauca, donde sucedieron los asesinatos. Esta prisión pertenece al Estado, pero Arias explicó que las autoridades colombianas tienen orden de acatar las decisiones del juez indígena, lo que garantiza el cumplimiento de estas condenas.

Para el caso de los dos menores de edad (de 14 y 17 años), se decretaron veinte latigazos y su ingreso en un centro de rehabilitación aún por determinar, puesto que al no haber alcanzado los 18 años no se les puede aplicar prisión.

No obstante, la cárcel podría llegar para ellos cuando se conviertan en adultos, apuntó el consejero mayor de la ONIC. “Una vez cumplan la mayoría de edad la asamblea revisará el caso y tomará las medidas que considere pertinentes”, indicó Arias, que no cerró la puerta a que estos menores se unan en un futuro a los otros cinco guerrilleros.

Tras el juicio, la comunidad procedió a destruir las armas que portaban los acusados en el momento de su detención, las mismas con las que presumiblemente asesinaron a ambos indígenas. Todos los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sometidos a juicio fueron localizados en una partida de búsqueda organizada por miembros de la Guardia Indígena para encontrar a los culpables de la muerte de sus dos compañeros.

Al parecer, los disparos se produjeron cuando los dos fallecidos retiraron una valla propagandística en homenaje a Guillermo León Sáenz, alias “Alfonso Cano”, exnúmero uno de las FARC muerto en una operación militar hace tres años. EFE

Bogotá, 10 nov (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia dijo hoy que se ocupará junto con la ONU del traslado a un centro de rehabilitación de los dos guerrilleros de las FARC menores de edad juzgados ayer por un tribunal indígena como coautores del asesinato de dos miembros de la comunidad Nasa, en el suroeste del país.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, explicó que la medida se ha acordado con las autoridades indígenas que el domingo condenaron a veinte latigazos y la reclusión hasta su mayoría de edad a estos dos guerrilleros, de 14 y 17 años. “Seguramente ellos van a ser entregados a una fundación y para ello la Defensoría va a presentar su concurso junto con Naciones Unidas para trasladarlos y ponerlos a disposición de la fundación por ser menores de edad”, dijo Otálora a periodistas.

El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias Arias, explicó ayer a Efe, tras el juicio en el que participaron 2.000 miembros de la comunidad Nasa a la que pertenecían los fallecidos, que las instituciones del Estado están obligadas a respetar las penas decretadas por los indígenas.

Otálora reconoció este lunes que la “Constitución les garantiza (a los indígenas) autonomía e independencia en su jurisdicción”, por lo que las labores de esta institución se limitarán a acompañar a los condenados hasta un centro aún por determinar.

Junto a los menores de edad, ayer se decretaron sentencias contra los cinco adultos que les acompañaban, cuyas penas variaron en función de la responsabilidad que cada uno tuvo en el doble crimen.

El autor material fue condenado a 60 años de prisión, mientras que los otros cuatro adultos fueron sentenciados a 40 años de cárcel cada uno, penas que han sorprendido en Colombia por su severidad. Todos ellos cumplirán condena en la cárcel estatal San Isidro de Popayán, capital del departamento del Cauca, región donde fueron cometidos los asesinatos, indicó Arias.

Los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sometidos a juicio fueron localizados en una partida de búsqueda organizada por la Guardia Indígena para encontrar a los culpables de la muerte de los dos Nasa, que eran compañeros de esta asociación que vela por la protección de derechos y territorios indígenas. Al parecer, los guerrilleros dispararon contra los dos indígenas cuando éstos retiraron una valla propagandística en homenaje a Guillermo León Sáenz, alias “Alfonso Cano”, exnúmero uno de las FARC muerto en una operación militar hace tres años. EFE

Caracol Radio | 12 de Noviembre de 2014

Fuentes del Inpec confirmaron que los cinco guerrilleros de las Farc, quienes fueron condenados por la guardia indígena por la muerte de tres integrantes de la comunidad Nasa, serán recluidos en la cárcel San Isidro de Popayán. Al respecto, los guardias del Inpec aseguraron que pese a la operación reglamento dejarán ingresar a los guerrilleros.

El pasado miércoles los guerrilleros de las Farc asesinaron a los indígenas en los alrededores del municipio de Toribio en el departamento del Cauca. Los indígenas murieron mientras intentaban retirar una valla alusiva a alias ‘Alfonso Cano’, jefe máximo de esa guerrilla, quien murió en 2011.

Los CIC son una herramienta para tratar el comportamiento individual y colectivo y contribuir con la construcción de la ciudadanía, la legitimidad institucional, la seguridad y la participación ciudadana, para lograr una mejor calidad de vida a través de actividades  pedagógicas, lúdicas, culturales y deportivas.

Con este proyecto, las alcaldías podrán adelantar campeonatos, juegos tradicionales, bailes folclóricos, grupos musicales, teatro, programas sobre Medio Ambiente, Conversatorios, conciertos, poesía, lunadas, entre otras actividades, que servirán para consolidar la integración comunitaria y como núcleo de esparcimiento y congregación bajo criterios de fortalecimiento del tejido  social en lo cultural, deportivo e institucional.

Bogotá, 20 nov (EFE).- El Gobierno colombiano oficializó hoy la firma del decreto para la protección y seguridad jurídica de tierras y territorios ocupados o poseídos ancestral y tradicionalmente por indígenas en riesgo o situación de desplazamiento, informaron fuentes oficiales.

El anuncio fue hecho hoy en Popayán, departamento del Cauca (suroeste), por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien acompañó al presidente Juan Manuel Santos a una reunión con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y los representantes de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

“La firma de este decreto y del autonómico son hechos realmente históricos para nuestros indígenas y para la aplicación de los mismos realizaremos unas capacitaciones previamente porque este es un gran avance y por eso debemos hacerlo bien”, aseguró Cristo.

El decreto establece que se dará prelación a la protección de territorios ancestrales o tradicionales de comunidades indígenas en riesgo o situación de desplazamiento. Asimismo, plantea la delimitación y demarcación de los pueblos o territorios aislados, la certificación de existencia de comunidades indígenas en tierras baldías y el respeto a la Ley de Origen y el Derecho Mayor o Derecho Propio, que representan el fundamento de vida y gobernanza de los pueblos indígenas.

Según datos oficiales, en el país residen alrededor de 1,4 millones de indígenas, lo que representa el 3,4 % de la población total de Colombia. Estas comunidades han sido desplazadas y perseguidas en territorios tan conflictivos como los departamentos de Chocó (oeste) o Arauca (este), tradicionales feudos de grupos armados que se han disputado la riqueza minera y los cultivos ilícitos de esas tierras. EFE

Antes de que los subversivos llegaran al casco urbano del municipio, tropas de la Brigada Móvil número 29, interceptaron al grupo de guerrilleros, registrándose un fuerte combate.

En el registro al lugar, el Ejército incautó un fusil ak-47, dos proveedores metálicos para fusil ak-47, cincuenta y dos cartuchos, tres rampas para el lanzamiento de tatucos, veintidós tatucos, un iniciador, cinco bolsos de asalto y un radio de comunicación.

Al parecer los terroristas de las Farc, pretendían realizar el lanzamiento indiscriminado de los veintidós tatucos, los cuales hacen parte del arsenal explosivo artesanal que suelen utilizar para aterrorizar a la población civil, aseguraron fuentes castrenses.