Las balas que siguen matando en el Cauca

Medio: El Nuevo Liberal
Fecha: 15 02 2015

La cifra de violencia y de asesinatos de líderes defensores de Derechos Humanos en el Cauca entre diciembre del 2014 y enero de 2015, ya se está acercando a los datos los trimestres de los años precedentes. Esta situación encendió las alarmas en las organizaciones sociales que identifican a los paramilitares y la minería ilegal como los perpetradores de la violencia.

A mitad del mes de enero del 2015, líderes de la defensa de los territorios del macizo colombiano desarrollaron en el municipio de Sucre, sur del Cauca, el inicio de una serie de consultas para saber si los habitantes quieren o no el ingreso de la minería en sus territorios.

Sin embargo, lograron un resultado adverso a su búsqueda: Unas nuevas amenazas de muerte a través de un panfleto que apareció en el barrio Siloé de dicha municipalidad, el pasado 10 de febrero, como lo registró la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz al día siguiente. El documento amenaza “a líderes campesinos y a sus familias, acusándolos de politiqueros y de asesinos integrantes de las guerrillas de las FARC y el ELN”, dice el comunicado de esta organización.

De forma paralela, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, dio a conocer un comunicado que consigna lo que califican como “un incremento a la violación de los Derechos Humanos”, en los meses de diciembre de 2014 y de enero de 2015.

En dicho tiempo, según los datos de este observatorio de DDHH, se han registrado 10 amenazas contra organizaciones campesinas, afrocaucanas, indígenas y sociales; el asesinato de dos líderes sociales (Elkin Darío Mompotes y Heriberto Narváez) y de un funcionario público (Emiro Medina Velasco); además de ocho feminicidios, y 48 muertes por diferentes formas de violencia.

Este escenario generó preocupaciones al interior de estas organizaciones, porque al parecer en estos dos meses, hay un incremento de la violencia en comparación a los años anteriores; justo en un momento donde existe un cese unilateral al fuego decretado por la guerrilla de las FARC y reconocido por el Ministerio de Defensa, y unos diálogos de paz que avanzan en La Habana, Cuba.

Según Miguel Fernández, miembro del equipo de Derechos Humanos del Cima y de la Comisión Política de la Red por la Vida y los Derechos Humanos, “la situación en el Cauca siempre ha sido crítica porque esto es un problema estructural del Estado, que no lo ha atendido de manera real, a pesar de las denuncias a nivel regional, nacional e internacional”.

Para el 2012, por ejemplo, año en el que se dio inicio oficial a los diálogos de paz, en el primer trimestre se presentaron tres homicidios de líderes defensores de los DDHH en el Cauca. Además de seis amenazas de muerte y ocho amenazas colectivas. Lo que muestra que en comparación con las cifras de finales del 2014 y comienzos del 2015 se han presentado el mismo número de asesinatos y dos amenazas colectivas adicionales.

Mientras que para el primer trimestre del 2013, año en el que ya estaban en marcha los primeros pasos de la mesa de negociaciones de paz, se presentaron seis asesinatos de líderes sociales, además de un aumento del 33 % de las amenazas.

“Lo que se está dando en este momento y la denuncia que hacemos sobre estos últimos meses, no es raro. Pero lo que sí vemos es que la esencia de la violencia aún está ahí y continúa a pesar de que existen pretensiones desde el Gobierno para que la situación de los DDHH se vaya corrigiendo en el país”, dijo Fernández.

Para las organizaciones sociales, si bien es importante el esfuerzo que se hace en la mesa de negociaciones, existen conflictos en las regiones que el Gobierno debe atender para generar un verdadero estado de paz, tales como la minería ilegal o “extractivista” o incluso el mismo narcotráfico que hoy está en manos de los neoparamilitares o bandas criminales.

De hecho, la mayoría de las últimas amenazas a las organizaciones sociales se han dado por las denuncias que las comunidades, principalmente del norte del Cauca, han realizado en contra de la minería ilegal.

Como lo explica el comunicado de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas, Uafroc, junto con ‘La Movilización de Mujeres Afrocaucanas por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales’, recibieron amenazas por su confrontación directa contra la minería que se desarrolla en el norte del departamento.

Adicional a esto, según los datos de esta misma entidad, desde el 2014 se han intensificado las amenazas desde los paramilitares agrupados en ‘Rastrojos’, ‘Águilas Negras’ y ‘Urabeños’.

Emiro Medina Velasco, fue jefe de la Oficina Jurídica del municipio de Caloto.

Por eso para Fernández, de lograrse un acuerdo, esta realidad constituye un riesgo para las organizaciones sociales de todo el país. “Es un peligro que se viene después de todo esto. Es decir, ¿Cómo vamos a llegar a un momento de posconflicto si todos estos actores y sectores que no quieren la paz siguen haciendo el daño que están haciendo, sobre todo al movimiento social y popular?”

Hasta el momento, la única respuesta que tiene el Gobierno Nacional a esta cuestión es que los dineros que se ahorrarían de la confrontación armada contra la guerrilla de las Farc y posiblemente contra el ELN servirían para enfrentar estos otros focos de violencia que denuncian las comunidades del Cauca. Mientras tanto, queda esperar si el informe que dé a conocer la Red por la Vida y los Derechos Humanos en el primer trimestre del 2015 supera o no, los promedios de violencia de los años precedentes.

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